La concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de València, Consol Castillo, ha informado que desde el consistorio se ha destinado un total de 1.324.054,44 euros a ayudas de emergencia para evitar procesos de desahucio en la ciudad de València. Concretamente, se ha intervenido con 2.031 familias en este sentido.
En ayudas de emergencia para la entrada a una nueva vivienda de alquiler, el Ayuntamiento ha aportado 91.464,39 euros y ha atendido 125 familias. Estas ayudas consisten en el pago, por parte del consistorio, de la fianza del alquiler y de los primeros meses de la mensualidad. Esta ayuda resuelve el problema que tienen algunas familias que no pueden hacer frente al desembolso inicial de alquilar un piso, pero sí pueden afrontar con normalidad las mensualidades posteriores.
Otra ayuda que el Ayuntamiento gestiona son las ayudas de emergencia para el pago de deudas de alquiler y evitar, así, procesos de desahucios. En este caso han sido atendidas 852 unidades de familiares y se ha destinado por parte del consistorio hasta 655.378 euros a esta materia.
En cuanto a las ayudas para afrontar los gastos de la comunidad de vecinos para evitar procesos de desahucio por este motivo, la concejalía de Servicios Sociales ha gestionado ayudas a un total de 484 unidades de convivencia y ha destinado hasta 238.085,17 euros.
Asimismo, el consistorio ha realizado pagos de alojamientos alternativos habitacionales por pérdida de la vivienda a 535 unidades de convivencia, lo que ha supuesto destinar un total de 284.757,87 euros hasta día de hoy.
Por otra parte, hay que decir que hay desahucios producidos por deuda de suministros básicos que se han paralizado mediante la negociación con la empresa suministradora y el pago de la deuda mediante ayuda de emergencia. Esto se afronta a través de las ayudas contra la pobreza energética, en las que el Ayuntamiento ha invertido 668.000 euros distribuidos en 1.309 ayudas, sólo en el año 2018. «El objetivo es que a ninguna persona que no pueda hacer frente a las facturas se le corte el acceso a la luz, al agua o el gas en nuestra ciudad», ha dicho Castillo.
SERVICIO DE INTERVENCIÓN EN LA PÉRDIDA DE LA VIVIENDA Y EMPLEO (Sipho)
Paralelamente a estas ayudas, el Ayuntamiento dispone de un equipo que pertenece a la Concejalía de Servicios Sociales formado por abogados, mediadores y sociólogos. Proporciona, a las personas afectadas por un proceso de desahucio, asesoramiento e información sobre los derechos reconocidos por la ley, ya sea por una situación de impago de las cuotas hipotecarias, de deudas del alquiler o de empleo.
En este servicio se adoptan las medidas de intermediación personalizadas que resultan posibles para mejorar la situación de los afectados. En caso de que no sea posible llegar a un acuerdo para paralizar el desahucio y se alcance la fecha de lanzamiento, el Sipho realiza las últimas negociaciones y se coordina con los centros municipales de Servicios Sociales para acompañe a las familias afectadas. Han sido atendidas por este servicio 270 personas.
Por otra parte, el consistorio ha emitido informes sociales para la negociación con las entidades mediadoras de los bancos para la consecución de un alquiler social en 43 casos más. Aquí, hay que señalar que se han obtenido la totalidad de estos alquileres sociales a través del Banco Sabadell.
También se ha emitido informes sociales para solicitar un procedimiento de urgencia al EVHA (Conselleria de Vivienda) por procedimiento de urgencia a 45 personas. Durante el 2018 se han adjudicado seis viviendas del EVHA por procedimiento de urgencia y están previstas en breve dos más. En cuanto a la vivienda municipal para casos de desahucios se ha asignado viviendas a cinco familias. En breve se prevé asignar seis más.
EL AYUNTAMIENTO HA AUMENTADO POR PRIMERA VEZ, DESPUÉS DE 10 AÑOS, EL PARQUE DE VIVIENDA SOCIAL
En el 2017, por primera vez en diez años, el Ayuntamiento de València ha aumentado el parque de vivienda social destinada a familias en situación de vulnerabilidad a través de la concejalía de Inserción Sociolaboral. València tan solo contaba con 97 viviendas sociales en toda la ciudad, una cifra que situaba al «cap i casal» a la cola de inversiones en este tipo de infraestructuras para los colectivos más vulnerables.