• La empresa municipal acumula ya una deuda superior a los 40 millones de euros por el impago de la Generalitat, que continúa creciendo
  • La pérdida de más de 28 millones en ayudas al transporte por no cumplir con la ZBE, y el riesgo de otro agujero de hasta 24 millones por el fracaso del proyecto europeo Ciudades Conectadas se suman a la “situación crítica” de la EMT

La situación económica de la EMT de València ha entrado en una fase de “riesgo grave” que puede acabar con un agujero de hasta 100 millones de euros. Así lo ha denunciado hoy Compromís per València, que alerta de que la mala gestión del gobierno municipal de María José Catalá está poniendo en peligro la viabilidad de la empresa pública y puede acabar condicionando el presupuesto de la ciudad.

La portavoz de la formación valencianista, Papi Robles, ha explicado que la “mala gestión económica” de la EMT puede generar un agujero de hasta 100 millones de euros y que, junto a “una falta absoluta de planificación”, se ha traducido en un servicio que afecta negativamente “al día a día de la gente: personas que llegan tarde al trabajo, a clase o a una cita médica porque el autobús no llega cuando toca”. Ante esta “situación crítica”, la concejala del primer partido de la oposición ha exigido “una auditoría económica y financiera municipal urgente”, una iniciativa que su compañero Giuseppe Grezzi presenta hoy en la Comisión de Patrimonio y también en el Consejo de Administración de la EMT.

Precisamente, Grezzi ha detallado el agujero detectado en la empresa municipal de transportes. Según ha explicado, la EMT arrastra ya una deuda superior a los 40 millones de euros derivada del impago de la Generalitat por la compensación de los títulos conjuntos -como la SUMA-, una cifra que sigue aumentando mes a mes sin que el gobierno de Catalá haya dado ninguna explicación convincente ni haya puesto soluciones sobre la mesa, más allá de recurrir a los tribunales.

A esta deuda ya reconocida se suma la pérdida de más de 28 millones de euros en ayudas al transporte de 2025 y 2026 que recibe directamente la EMT del Estado a través de la ATMV por no haber cumplido con los requisitos vinculados a la Zona de Bajas Emisiones, una decisión política que Compromís viene denunciando desde hace meses. “La inacción con la ZBE no es solo un problema ambiental o de movilidad, es también un problema económico de primer orden que ahora pagamos todos”, ha advertido.

La coalición valencianista alerta también del riesgo de otro agujero de hasta 24 millones de euros asociado al fracaso del proyecto europeo Ciudades Conectadas, lo que acabaría de configurar un escenario financiero insostenible. “Si estas cifras se confirman, estaremos ante una losa económica que hipotecará la capacidad del Ayuntamiento para invertir en servicios públicos, desde la vivienda hasta los servicios sociales”, ha señalado Grezzi.

Vuelve a pedir la dimisión de Carbonell

Por todo ello, Compromís exige una auditoría económica y financiera independiente de la EMT y reclama responsabilidades políticas inmediatas. “No se puede jugar con una empresa pública esencial y luego mirar hacia otro lado”, ha explicado Papi Robles, insistiendo en que el concejal responsable, Jesús Carbonell, “no puede continuar al frente mientras la EMT se ahoga en un agujero económico cada vez mayor”.

Un servicio que empeora y unos datos que lo confirman

El concejal Giuseppe Grezzi ha alertado también de que el deterioro del servicio es perfectamente medible. La EMT ha pasado de ser el servicio municipal mejor valorado, con una nota de 7,2 durante los gobiernos de Compromís, a caer hasta el 6,6 con el gobierno de Catalá. Grezzi ha señalado además que cada vez hay más autobuses completos desde las primeras paradas, baja la velocidad comercial y aumentan las frecuencias de paso. Solo en 2025, ha denunciado, se han retirado cientos de expediciones cada mes, con una media cercana a las 300 cancelaciones mensuales. “Hablamos de 300 autobuses al mes que deberían pasar y no pasan”, ha subrayado.

A esta situación se suma la falta de personal, tanto de conductores como de mecánicos, ya que no se cubren bajas ni se crean bolsas de trabajo suficientes. Incluso el Servicio Especial sufre restricciones, con cancelaciones que afectan directamente a personas con movilidad reducida. Todo ello, según Grezzi, “mientras el gobierno municipal continúa vendiendo titulares y promesas que luego no cumple”, como ejemplifica el caso de Sociòpolis, con una línea de autobús anunciada a bombo y platillo antes de 2026 y que sigue sin fecha ni explicaciones al vecindario.