- La portavoz de Compromís per València, Papi Robles, y la concejala Lucía Beamud denuncian que el PP oculta el problema, se niega a realizar el censo y persigue a las personas más vulnerables en lugar de ayudarlas
Compromís per València ha alertado esta mañana de que la ciudad vive una situación “muy grave y fuera de control” ante el aumento de personas sin hogar, una realidad que, según ha advertido la portavoz Papi Robles, el gobierno de María José Catalá “está intentando ocultar mientras retira recursos y pone trabas a quienes más lo necesitan”.
Papi Robles ha explicado en rueda de prensa que, según datos oficiales del propio Ayuntamiento de València, el año 2025 ha cerrado con casi 3.500 valencianas y valencianos en situación de exclusión residencial extrema, es decir, en situación de calle o sin domicilio fijo que han solicitado el empadronamiento. “Esto es una auténtica barbaridad, cuatro veces más de lo que indicaba el censo de 2023. Personas que han caído fuera del sistema, expulsadas del mercado de la vivienda, y que hoy no solo no reciben ayuda, sino que se encuentran con más burocracia, más obstáculos e incluso sanciones”, ha señalado.
La portavoz de la segunda fuerza de la ciudad ha advertido de que cuando un gobierno deja de contar a las personas, “deja también de hacerse responsable”, en referencia a la decisión del PP de no realizar en 2025 el Censo de Personas Sin Hogar. Una decisión que, según Compromís, no responde a ningún impedimento económico, sino a una voluntad política de ocultar la dimensión real del problema.
La concejala Lucía Beamud ha detallado los datos oficiales facilitados por el Ayuntamiento, que evidencian un colapso administrativo sin precedentes. En 2025 se han registrado 5.826 solicitudes de empadronamiento especial, de las cuales 1.142 corresponden a personas que viven directamente en la calle y 2.285 a personas sin domicilio fijo empadronadas en centros municipales de servicios sociales. En total, 3.427 personas en una situación de exclusión residencial extrema.
Beamud ha denunciado que, pese a esta avalancha de solicitudes, solo 125 se han resuelto positivamente, mientras 3.827 continúan pendientes de resolución. “Esto significa meses de espera sin acceso pleno a la sanidad, a los servicios sociales o a ayudas básicas. La administración está fallando de forma flagrante a las personas más vulnerables”, ha afirmado.
La concejala ha recordado que el último censo oficial, realizado en 2023, cifraba en 815 las personas sin hogar en la ciudad. “En 2025 el gobierno de Catalá decide no realizar el censo con la excusa de que el Ministerio no aporta fondos, pero eso es falso. En 2019 se hizo con recursos propios. Comparando los datos, pasamos de 815 personas a 1.142 en solo dos años. La cifra se ha multiplicado por cuatro”, ha subrayado.
Persecución en lugar de políticas sociales
Compromís ha señalado que las causas de este aumento son claras y están avaladas tanto por las entidades sociales como por los informes estatales. Médicos del Mundo y Casa Caridad han incrementado notablemente sus intervenciones, mientras que el informe FOESSA vincula directamente el aumento del sinhogarismo con el encarecimiento brutal de la vivienda.
Pese a ello, Beamud ha denunciado que la respuesta del gobierno municipal ha sido “justo la contraria a la que sería necesaria”. Ha recordado el cierre de dos albergues municipales, la exigencia de siete años de empadronamiento para acceder a ayudas al alquiler y las sanciones impuestas por la Policía Local a personas sin techo por dormir en el Jardí del Túria. “Hemos podido acceder al menos a quince multas de hasta cien euros a personas que no tienen absolutamente nada. Esto no es política social, es violencia institucional”, ha afirmado.
Un modelo que abandona y castiga
En el cierre de la rueda de prensa, Papi Robles ha exigido medidas inmediatas, como la realización del censo de personas sin hogar, la reactivación del grupo de trabajo sobre sinhogarismo y asentamientos, la reapertura de los albergues municipales cerrados, la puesta en marcha de un proyecto de Housing First y la retirada del requisito injusto de siete años de empadronamiento para acceder a ayudas al alquiler. Pero, sobre todo, ha insistido en la necesidad de intervenir el mercado de la vivienda desde todas las administraciones.