- La portavoz Papi Robles presenta una denuncia por prevaricación y tráfico de influencias al detectar siete procesos coordinados entre el Ayuntamiento y el Puerto para favorecer a personas determinadas
Compromís per València ha dado hoy un paso firme en la fiscalización del gobierno de María José Catalá al presentar una denuncia formal ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. La portavoz del primer partido de la oposición, Papi Robles, ha puesto en conocimiento del ministerio público una serie de maniobras administrativas que, según la formación, habrían servido para orquestar una “subrogación encubierta” de varios trabajadores del Consorcio València 2007 hacia otras instituciones públicas.
La concejala valencianista ha explicado que se han detectado al menos siete procedimientos activados de forma paralela y concertada entre el Ayuntamiento de València y la Autoridad Portuaria para situar a personas con nombres y apellidos en puestos directivos creados prácticamente a medida.
Papi Robles ha subrayado que todo indica que estamos ante “un caso de manual de uso partidista de las instituciones” en el que Catalá habría actuado como “colocadora” de puestos de trabajo para personal de su confianza mientras el Consorcio se encontraba en pleno proceso de liquidación. La portavoz de la formación valencianista ha destacado que no es casualidad que varias fundaciones municipales y el propio Puerto de València lanzaran convocatorias casi idénticas en las mismas fechas para cubrir perfiles que acabaron ocupando las mismas personas que ya habían sido señaladas en actas notariales incluso antes de que se resolvieran los concursos.
Convocatorias bajo sospecha y el aval de la Intervención
El escrito presentado ante la Fiscalía detalla cómo la Fundación Deportiva Municipal y la Fundación Visit València abrieron plazas con requisitos muy restrictivos que, presuntamente, buscaban evitar la libre concurrencia y beneficiar a candidatos concretos. La portavoz del segundo partido de la ciudad ha hecho hincapié en que la Intervención General del Estado (IGAE) ya habría advertido en un informe reciente que la gestión de estas plazas ha sido deficiente y que se han utilizado criterios que podrían vulnerar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Según Papi Robles, este informe es la “prueba del algodón” que confirma que la administración de Catalá habría recortado el derecho de cualquier ciudadano a optar a un puesto público en favor de privilegios para unos pocos.
Papi Robles ha recordado que, mientras miles de valencianos y valencianas se esfuerzan por aprobar una oposición con esfuerzo y transparencia, el gobierno del PP parece haber instaurado una “puerta trasera” para sus intereses. La portavoz ha calificado de escandaloso que las funciones de algunas plazas incluyeran expresamente tareas relacionadas con la liquidación del propio ente del que procedían los candidatos, una práctica que la coalición valencianista considera un traje a medida que no se sostiene por ningún lado.
Para la coalición valencianista, el liderazgo de Catalá se basa en la “imposición y el favoritismo”, y confía en que la justicia actúe con celeridad para esclarecer quién dio las órdenes de activar estos siete procesos selectivos bajo sospecha.