- La portavoz Papi Robles comparece en un bloque de 7 apartamentos ilegales y revela que al menos un 16% de las viviendas que la alcaldesa da por clausuradas continúan anunciadas en plataformas
- Robles advierte de que acudirán a los tribunales si se confirma una posible prevaricación de Urbanismo al cerrar una denuncia sin informe preceptivo
Compromís per València ha comparecido esta mañana en la calle Mossén Sorell, 2, ante un edificio con siete apartamentos turísticos que el gobierno de María José Catalá asegura haber cerrado. Todos continúan disponibles en plataformas digitales. Cualquier persona puede reservarlos por un mínimo de 658 euros tres noches para tres personas, alcanzando hasta los 1.229 euros en los apartamentos de mayor capacidad. Y mientras la formación valencianista atendía a los medios en la puerta, los turistas salían del alojamiento, evidenciando que las inspecciones del gobierno de Catalá no funcionan.
La portavoz de la formación valencianista, Papi Robles, ha citado a los medios “ante un edificio entero de apartamentos ilegales que están en funcionamiento y que Catalá dice haber cerrado”. “Hoy hablamos de mentiras. Y no hay mejor manera de desmontar una mentira que hacer una rueda de prensa a los pies de una mentira”, ha explicado.
Papi Robles ha recordado que en octubre de 2025 la alcaldesa anunció el cierre de 1.000 apartamentos turísticos. Sin embargo, el listado facilitado a Compromís solo incluía 828 direcciones. “Y hace una semana ya hablaba de 1.500 fuera de plataformas. Pero la realidad se empeña en llevarle la contraria”, ha señalado. Tras una revisión exhaustiva, apartamento por apartamento, la coalición ha detectado 132 que continúan anunciados en plataformas como Airbnb o Booking, lo que supone un 16% del total. “María José Catalá miente con sus datos. Y mientras hay una moratoria en marcha, la alcaldesa mira hacia otro lado mientras se sigue especulando con la vivienda y expulsando al vecindario de sus barrios”, ha denunciado.
Una posible prevaricación con el apartamento de la Malva-rosa
La concejala del segundo partido de la ciudad también ha detallado el caso del bajo turístico situado en el barrio de la Malva-rosa que Compromís alquiló para demostrar que estaba abierto. Este minúsculo apartamento contaba con una orden de suspensión de actividad desde el 6 de mayo de 2024 y, pese a ello, se dio de alta en el registro de la Generalitat el 20 de noviembre de 2024, seis meses después.
Según la documentación revisada por Compromís, no consta ningún cambio significativo en el expediente que justificara el levantamiento de la suspensión, resolución firmada el 16 de febrero de 2026. “En la Comisión de Urbanismo pregunté sobre qué base se había informado sobre el título habilitante. No había ninguna justificación en el expediente que pudiera dar pie a autorizar ese apartamento en plena moratoria. En estos casos siempre es necesario un informe del secretario que, sospechosamente, fue firmado cuatro días después de haberse emitido el informe. La respuesta del concejal ante la evidencia fue quedarse en blanco y decir que contestaría por escrito”, ha relatado.
La portavoz ha advertido de que la respuesta tendrá que ser “muy convincente” para evitar acciones judiciales. “Si María José Catalá está dando cobertura a apartamentos turísticos ilegales para que sigan funcionando, no será a Compromís a quien tenga que dar explicaciones. Será a un juez. No permitiremos que este Ayuntamiento se salte la legalidad para favorecer actividades que especulan con la vivienda de los valencianos”, ha asegurado.
Compromís ha facilitado a la prensa el listado completo de su investigación y ha anunciado que continuará fiscalizando caso por caso los datos del gobierno municipal.