- La portavoz de Compromís per València, Papi Robles, alerta de que la sentencia sobre la moratoria puede abrir la puerta a nuevas licencias y reclamaciones patrimoniales
La sentencia del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana sobre la moratoria de apartamentos turísticos deja un escenario “muy preocupante” para València. Compromís per València advierte de que puede haberse abierto un vacío legal que permita reclamar indemnizaciones e, incluso, reactivar la concesión de licencias, en un momento en el que la presión sobre la vivienda es ya insostenible.
La coalición valencianista pone el foco en las consecuencias inmediatas de la decisión judicial. Si la resolución se confirma, promotores y operadores podrían reclamar lucro cesante por las licencias paralizadas e incluso intentar tramitar nuevos proyectos con la normativa anterior, mucho más permisiva. Un escenario que, según la formación, podría agravar aún más la expulsión del vecindario y la tensión del mercado inmobiliario.
La portavoz de Compromís per València, Papi Robles, alerta de que la ciudad no se puede permitir ni un paso atrás: “Estamos ante un vacío legal muy peligroso. Si no se actúa rápidamente, podemos encontrarnos con una nueva avalancha de apartamentos turísticos en barrios ya saturados. No podemos tolerar más presión sobre la vivienda ni más expulsión de vecinos y vecinas”.
Robles insiste en que la prioridad debe ser blindar el derecho a la vivienda frente a un sector “voraz, muy bien organizado y con una gran capacidad jurídica”. “Es necesario que el Ayuntamiento recurra a todas las instancias posibles y actúe con contundencia para evitar que esta grieta legal sea aprovechada. El derecho a una vivienda digna debe estar por encima de cualquier interés económico”, subraya.
Prohibición total
Para Compromís, la sentencia también evidencia que las políticas actuales son insuficientes para afrontar el fenómeno de los apartamentos turísticos. La formación valencianista defiende que es necesario ir más allá de la simple paralización de nuevas licencias y avanzar hacia medidas estructurales que reduzcan el volumen existente.
“Esta situación también es una oportunidad para replantear la regulación y ser más ambiciosos, como ya están haciendo otras ciudades. Apostamos por la prohibición total, como ya han hecho otras ciudades. No basta con frenar nuevas licencias, hay que poner límites reales e incluso establecer mecanismos para que los apartamentos turísticos actuales tengan fecha de caducidad”, plantea Robles.
“Catalá no puede dar lecciones”
En este contexto, Compromís lamenta que el gobierno municipal haya llegado a esta situación tras meses de inacción y decisiones erráticas. La coalición valencianista recuerda que dio apoyo a la moratoria, pero ya advirtió de que era una medida de mínimos y que debía reforzarse jurídicamente. “La responsabilidad estáclara. Tardaron demasiado en reaccionar y, cuando lo hicieron, no lo hicieron bien. Y ahora la ciudad puede pagar las consecuencias. Catalá se ha pasado tres años criticando al gobierno anterior. ¿Y ahora qué? Ha recibido un duro golpe de la Justicia porque el ‘gobierno de los mejores’ lo ha hecho mal. Lo que le ha pasado a la alcaldesa es que su soberbia es superior a su capacidad de trabajo. La responsabilidad directa del gobierno de Catalá es que no ha sabido garantizar la seguridad jurídica”, lamenta la portavoz del primer partido de la oposición.
Para Compromís, el reto es claro: actuar con urgencia para cerrar cualquier grieta legal y garantizar que València no siga avanzando hacia un modelo de ciudad que expulsa a su vecindario. Porque, tal y como explica Robles, “no estamos hablando solo de una norma, estamos hablando del derecho a vivir en nuestra ciudad”.