- La portavoz de la formación valencianista, Papi Robles, denuncia que la alcaldesa da órdenes expresas de sancionar a Compromís: “Intenta debilitarnos económicamente cuando denunciamos su mala gestión e irregularidades”
- “Si Catalá aplicara las mismas sanciones por los carteles de circos o inmobiliarias, ningún circo podría hacer funciones en esta ciudad y la mitad de las inmobiliarias tendrían que cerrar”, recuerda Robles
València, lunes 20 de abril de 2026
La persecución del gobierno de Catalá contra Compromís per València asciende ya a 10.000 euros en sanciones por ejercer la crítica política en la ciudad durante este mandato. La campaña “María José, ahora todo el mundo va a saber lo que me has hecho”, que debido al veto de Metrovalència y de las agencias que controlan las vallas publicitarias de los entornos de los nodos de movilidad tuvo que desarrollarse con carteles A4 pegados por los barrios, ha derivado finalmente en dos sanciones de 7.000 euros en total impuestas por el Ayuntamiento de María José Catalá, cantidades que se suman al resto de sanciones recibidas desde 2023. Una escalada que confirma, según la portavoz Papi Robles, una estrategia deliberada de “represión económica” contra el primer partido de la oposición.
A las sanciones previas acumuladas de 3.000 euros que había recibido Compromís —por pancartas sobre la gestión negligente de Mazón y de la propia Catalá en la dana de 2024, la pancarta del Corredor Verde o contra el ‘encierro infantil’ de Ciutat Vella— se suman ahora dos nuevas sanciones de 3.500 euros cada una —siete denuncias de 500 euros en cada expediente— por la campaña mehasdetrozado.com. Los 7.000 euros impuestos ahora, elevan la cifra total a 10.000 euros. La coalición valencianista denuncia que detrás de estas sanciones “hay una clara voluntad política de perjudicar al adversario político”. “Intenta debilitarnos económicamente al tiempo que denunciamos su mala gestión e irregularidades”, asegura Papi Robles, que reprocha a la alcaldesa las constantes amenazas públicas en las que anuncia que perseguirá las acciones de Compromís y después las ejecuta, evidenciando un uso partidista tanto de los servicios municipales de limpieza como de la Policía Local para señalar a la oposición.
Compromís fue vetado dos veces
En el último caso, la formación valencianista intentó desarrollar la campaña dentro de los canales legales disponibles. En primer lugar, se tramitó la contratación de publicidad en Metrovalencia, pero Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana bloqueó la difusión en el último momento. Posteriormente, también se intentó colocar la campaña en vallas publicitarias próximas a grandes espacios de afluencia, pero las empresas gestoras se desentendieron del proceso, en un contexto marcado por la presión institucional y el temor a posibles represalias, como algunos reconocieron en privado.
Pese a los obstáculos, la campaña tuvo un fuerte impacto social porque ponía el foco en una realidad que miles de valencianos sufren cada día con el transporte público. Una realidad incómoda para el gobierno de Catalá, que ha optado por aplicar la mordaza en lugar de afrontar el problema.
Una ciudad con doble vara de medir
Compromís per València señala la contradicción de un gobierno municipal que persigue a la oposición mientras permite la proliferación de publicidad ilegal en el espacio público. La ciudad está llena de anuncios de empresas inmobiliarias que se hacen pasar por particulares para captar viviendas, fondos buitre, compraventa de coches o prostitución sin que el Ayuntamiento actúe con la misma contundencia. “Si Catalá aplicara las mismas sanciones por los carteles de circos o inmobiliarias, ningún circo podría hacer funciones en esta ciudad y la mitad de las inmobiliarias tendrían que cerrar por ser inasumibles las cuantías que, en este caso, ha planteado para Compromís”, recuerda Robles.
Para la formación valencianista, esta doble vara de medir evidencia que no estamos ante una cuestión de convivencia urbana, sino ante un intento de silenciar la crítica política. La portavoz Papi Robles alerta de que Catalá está cruzando una línea peligrosa en calidad democrática, “utilizando el poder institucional para castigar a la oposición mientras se desentiende de los problemas reales de la ciudad”.
Ante este escenario, “Compromís reafirma que continuará denunciando las irregularidades y defendiendo los intereses del vecindario, pese a las presiones y las sanciones”. Porque, tal y como advierte la portavoz, “lo que está en juego no es solo una campaña, sino el derecho a hacer oposición en libertad”, algo que a Catalá le da igual. “Si la alcaldesa dedica tantos esfuerzos a sancionarnos es porque no encuentra otra forma de desacreditar a la oposición”, añade Robles.