- La coalición valencianista presenta una moción para que el Ayuntamiento depure responsabilidades y adapte los mecanismos de control ante las conclusiones de la Agencia Valenciana Antifraude
Compromís per València ha presentado una moción en la Comisión de Hacienda y Participación para exigir una revisión profunda de los mecanismos antifraude vinculados a los fondos europeos Next Generation tras las conclusiones del informe definitivo de la Agencia Valenciana Antifraude sobre la gestión del concejal José Marí Olano.
La iniciativa, firmada por los concejales Eva Coscollà y Ferran Puchades, reclama que el Comité Antifraude municipal valore las posibles responsabilidades legales derivadas de la “falta de veracidad” en las Declaraciones de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) suscritas por Marí Olano en procedimientos vinculados a contratos financiados parcialmente con fondos europeos.
La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha asegurado que “la situación es gravísima” porque el informe definitivo de Antifraude confirma que el concejal del PP participó en procedimientos de contratación mientras mantenía relaciones profesionales privadas con empresas afectadas y firmó declaraciones de no conflicto de intereses que la agencia considera incorrectas. “No estamos ante una sospecha política. Hay un informe definitivo que acredita irregularidades muy graves en la gestión de los contratos y que señala directamente la falta de veracidad de Marí Olano”, ha denunciado.
La coalición valencianista recuerda que Antifraude ha trasladado sus conclusiones al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, organismo que colabora con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), hecho que eleva la dimensión del caso más allá del ámbito estrictamente municipal. “Estamos hablando de contratos vinculados a fondos europeos y de unas irregularidades que pueden afectar a la credibilidad institucional del Ayuntamiento ante las autoridades europeas. Es insostenible que Catalá siga protegiendo políticamente a Marí Olano”, critica Robles.
La moción presentada por Compromís reclama también reforzar los protocolos internos de control, actualizar el Plan de Integridad Municipal y adaptar los mecanismos de prevención de conflictos de intereses de acuerdo con las recomendaciones formuladas por Antifraude. Entre otras medidas, se pide que el Comité Ético municipal revise los sistemas de control en materia de contratación pública y que todas las actuaciones sean supervisadas por la comisión municipal correspondiente.
Para la formación valencianista, el caso evidencia “un problema estructural de gobernanza” dentro del Ayuntamiento de València. “Lo más grave es que el gobierno ha intentado convertir un problema de posible corrupción y conflictos de intereses en un ataque contra la oposición. Pero los hechos son muy claros: Antifraude confirma irregularidades, cuestiona declaraciones oficiales firmadas por el concejal de Contratación y obliga ahora al propio Ayuntamiento a valorar responsabilidades”, afirma Robles.
Compromís considera especialmente revelador que la Junta de Gobierno Local aprobara recientemente, y por despacho extraordinario, una modificación del Plan Antifraude municipal reforzando precisamente los mecanismos de control de conflictos de intereses y contratación. “El gobierno está reconociendo implícitamente que los controles no estaban funcionando. Todo aquello que ahora intentan corregir es exactamente lo que no garantizaron mientras Marí Olano gestionaba contratos públicos”, lamenta la portavoz valencianista.
La coalición insiste en que el problema ya no es solo administrativo, sino también político. “Cada día que pasa sin asumir responsabilidades, Catalá deteriora más la credibilidad del Ayuntamiento y traslada el mensaje de que al PP le preocupa más proteger a los suyos que proteger el dinero público”, considera Papi Robles.