- Compromís alerta de que la nueva normativa ha acabado en los tribunales porque “los barrios ya no se creen la propaganda del gobierno municipal”
- “¿Es esta la seguridad jurídica de la que presumía ayer el concejal Marí Olano?”, se pregunta la portavoz Papi Robles
Compromís per València considera “muy preocupante” que la nueva ordenanza de pisos turísticos impulsada por el gobierno de María José Catalá haya acabado judicializada después de que el Tribunal Superior de Justicia haya admitido a trámite el recurso presentado por la Federación de Asociaciones Vecinales de València. “La norma no lleva ni una semana en vigor y ya ha sido recurrida. ¿Es esta la seguridad jurídica de la que presumía ayer el concejal Marí Olano?”, se ha preguntado la portavoz del grupo municipal, Papi Robles.
La coalición valencianista ha recordado que la normativa “nace con enormes debilidades” y lamenta que, según las estimaciones urbanísticas realizadas, todavía permitiría la apertura de cerca de 5.500 nuevos apartamentos turísticos legales en la ciudad mientras más de 8.000 viviendas turísticas ilegales continúan funcionando sin control efectivo. Hasta 60 barrios podrían aumentar el número de viviendas de uso turístico con la nueva regulación de Catalá en una ciudad “ya totalmente saturada de esta oferta que expulsa al vecindario de sus barrios”.
Para la portavoz de Compromís, la situación evidencia “el fracaso de una normativa que intentaron vendernos como efectiva, pero que los propios barrios y el vecindario consideran insuficiente y llena de grietas”. La coalición valencianista recuerda que ya advirtió durante la tramitación de la ordenanza que el texto dejaba abiertas fórmulas encubiertas de turistificación, especialmente a través de los alquileres temporales de más de 11 días, y no garantizaba una protección real del derecho a la vivienda ni de la convivencia en los barrios más saturados.
“Es muy significativo que sean las entidades vecinales las que acudan a la justicia porque el gobierno municipal no escucha. Los barrios llevan meses alertando de que la situación es insostenible mientras Catalá continúa gobernando a golpe de titular y propaganda”, lamenta Papi Robles. Para la formación valencianista, la judicialización de la ordenanza llega después de meses de “confusión, anuncios exagerados y falta de control real” sobre los apartamentos turísticos ilegales. Compromís recuerda que ya denunció públicamente que decenas de pisos presuntamente clausurados por el Ayuntamiento continuaban operando con normalidad.
Papi Robles considera que el gobierno municipal “ha intentado tranquilizar al lobby turístico mientras simulaba mano dura ante la ciudadanía”. La portavoz de Compromís advierte de que cuando miles de familias tienen problemas para acceder a una vivienda, “no puedes seguir dejando puertas abiertas a fórmulas que expulsan al vecindario de los barrios”.
El primer partido de la oposición entiende que València necesita una regulación “mucho más clara, valiente y efectiva”, con inspecciones reales, sanciones contundentes y limitaciones que prioricen el uso residencial frente a la explotación turística. “Los barrios dicen alto y claro que no pueden soportar más saturación turística. El problema es que Catalá sigue más preocupada por proteger el negocio que por proteger el derecho a la vivienda y la vida cotidiana de la ciudad”, advierte Robles.