- La formación valencianista reclama una fiscalización independiente e integral de los tiempos de espera, la dependencia, la ayuda a domicilio, el presupuesto y el personal
Compromís per València llevará este martes a la Comisión de Bienestar Social una moción que reclama una auditoría externa, independiente e integral de los servicios sociales municipales, tras las denuncias sobre la opacidad con la que el gobierno de María José Catalá gestiona un área que es la puerta de entrada a las ayudas de las personas mayores, dependientes, familias con menores y vecindario en situación de vulnerabilidad. Ante una fotografía oficial que la coalición considera «manipulada», el primer partido de la oposición propone que un equipo externo radiografíe la realidad de los centros en un plazo máximo de tres meses y que ese diagnóstico sirva de base para un plan estratégico a cuatro años.
La moción exige que la auditoría mida precisamente aquello que el gobierno esconde: los tiempos de espera para la primera cita, las solicitudes pendientes, la antigüedad de los expedientes y las listas de espera, centro por centro. «El gobierno da datos de actividad, pero esconde los datos que miden el sufrimiento de las personas», resume la concejala de Compromís Lucía Beamud, que reclama poner el foco en la dependencia y en el Servicio de Ayuda a Domicilio, donde la situación ya es insostenible.
Los ejemplos que la formación pone sobre la mesa son contundentes. Según la misma información facilitada en respuestas municipales, centros como Campanar, Sant Marcel·lí o Trafalgar soportan esperas de 13, 12 y 14 meses en la ayuda a domicilio mientras cuentan solo con dos profesionales en el servicio de autonomía. Que una persona mayor o dependiente tenga que esperar más de un año para recibir ayuda en casa, advierte Beamud, es una realidad «que no aparece en ninguna memoria porque el gobierno prefiere no contarla».
El caos de la plantilla
La auditoría también deberá aclarar el «caos» de plantilla que Compromís ya destapó el mes pasado, cuando detectó tres cifras diferentes para el mismo ejercicio de 2025: 498 profesionales en las tablas de personal, 566 en los anexos de la memoria y 502 en la documentación aportada en la mesa de negociación. Depuradas las bajas, la plantilla efectiva se queda en 438 personas, justo en el contexto en el que diversos Centros Municipales de Servicios Sociales han tenido que cerrar tardes por falta de personal. A este descontrol se suma un presupuesto que el gobierno vende como «histórico» pero que esconde la integración contable de Inmigración y Cooperación, unos cinco millones anuales que antes iban por separado y que maquillan unos recursos que todavía no han recuperado el nivel de 2023.
Por todo ello, Compromís reclama que la auditoría fiscalice también la evolución real del presupuesto con criterios comparables, que evalúe los riesgos psicosociales de una plantilla que trabaja bajo una presión extrema y que garantice la participación de los profesionales, las entidades sociales, los sindicatos, las personas usuarias y los grupos municipales. La coalición valencianista pide que los resultados se publiquen íntegramente en el portal de transparencia y que vengan acompañados de un plan de mejora con calendario, presupuesto y responsables. Porque, insiste Beamud, la ciudadanía «tiene derecho a saber si las ayudas llegan a tiempo o si simplemente se acumulan en una lista de espera que nadie quiere reconocer».