- Compromís exige que el gobierno de PP-Vox detalle cuántos expedientes bloqueados y qué exposición económica asume el Ayuntamiento a raíz del segundo revés judicial en dos años a la política turística municipal
- Papi Robles recuerda que Olano presumió de una falsa «seguridad jurídica que ahora nos puede costar muy cara»
Compromís per València ha alertado del riesgo patrimonial que supone para el Ayuntamiento de València la sentencia del TSJCV que declara nula la moratoria de Catalá que bloqueaba licencias de hoteles en El Cabanyal-Canyamelar. La resolución reconoce explícitamente que los promotores afectados por la restricción podrán ahora exigir la tramitación de los expedientes paralizados o reclamar indemnizaciones, una puerta abierta a que la factura de una decisión política acabe pagándose con fondos públicos.
«No es un riesgo menor ni aislado. Es la segunda vez en dos años que los tribunales tumban una moratoria turística aprobada por el gobierno de María José Catalá: en abril ya cayó parcialmente la de mayo de 2024, y ahora la del Cabanyal, ambas por considerarlas desproporcionadas o mal fundamentadas técnicamente», explica la portavoz de Compromís, Papi Robles. La coalición valencianista advierte que ese patrón no es casualidad, «sino consecuencia de una manera de legislar que no resiste el control judicial y que traslada el coste del error a las cuentas municipales».
El primer partido de la oposición recuerda que el propio concejal de Gobierno Interior, José Marí Olano, aseguró en el Pleno de mayo que con el actual equipo de gobierno «las cosas salen con bastante más seguridad jurídica y con mejores garantías de legalidad» que en la etapa anterior. Los hechos, dice Compromís, apuntan en la dirección contraria: una segunda sentencia en contra en la misma materia, con riesgo directo para las arcas públicas. «Olano nos daba lecciones y resulta que es su gobierno el que ahora vuelve a caer en una falta de seguridad jurídica. ¿Ahora qué hacemos? A Olano y a Catalá les recomendamos que sean más humildes, hagan las cosas bien o la factura puede ser millonaria para las cuentas municipales. Una nueva chapuza del gobierno de PP-Vox», asegura la portavoz de Compromís.
Hace falta transparencia
Ante esta situación, Compromís per València reclama que el gobierno de Catalá haga público, con carácter inmediato, cuántos expedientes hoteleros quedaron bloqueados por la moratoria anulada, cuántos promotores han manifestado ya intención de reclamar y qué estimación manejan los servicios jurídicos municipales sobre el impacto económico potencial. La formación considera que los valencianos «tienen derecho a saber a cuánto asciende el riesgo antes de que se materialice, no cuando ya sea tarde», explica Papi Robles.
Compromís per València solicita que el gobierno municipal informe con detalle del alcance económico de la sentencia y de las medidas previstas para evitar que nuevas decisiones precipitadas vuelvan a exponer al Ayuntamiento a indemnizaciones millonarias.