- El asentamiento es la consecuencia directa de las políticas de servicios sociales de las que Compromís ha alertado durante todo el mandato, y denuncia que el Ayuntamiento ha cortado servicios básicos como el agua en el verano más caluroso que se recuerda
- Compromís per València exige un Plan de Choque y garantías de vivienda antes de ningún desalojo, para garantizar que no empeoran las condiciones de personas en circunstancias humanas muy duras, entre las que se incluyen niños y niñas
El Grupo Municipal Compromís en el Ayuntamiento de València denuncia que la amenaza de desalojo del asentamiento del antiguo circuito urbano de Fórmula 1 —donde malviven ya cerca de 800 personas en unas 400 chabolas, el mayor número de infravivienda de toda la Comunitat Valenciana— es la consecuencia directa de una política de servicios sociales que la formación valencianista ha denunciado desde hace meses, y no de un fenómeno repentino o ajeno a la acción municipal.
Así lo señala la portavoz de Compromís, Papi Robles, que recuerda que hace meses que alerta del «efecto vasos comunicantes»: cuando el Ayuntamiento vacía de un golpe un espacio donde duerme gente en la calle —como hizo en 2025 en el cauce del Túria—, sin ofrecer ninguna alternativa, esas personas no desaparecen, se desplazan a otro punto de la ciudad, a menudo en peores condiciones. «El circuito de Fórmula 1 es la prueba más cruda: ha pasado de 8 personas en 2022 a cerca de 800 hoy. No es un fenómeno espontáneo, es el resultado directo de cómo este gobierno ha gestionado, o más bien desatendido, la pobreza y el sinhogarismo en la ciudad», apunta Robles.
Para la portavoz del primer partido de la oposición, el gobierno municipal no solo ha permitido que el asentamiento creciera sin intervenir, sino que ha ido recortando los pocos servicios que llegaban. Papi Robles recuerda que el punto de agua que el consistorio proveía al asentamiento dejó de suministrarse en 2024 sin dar explicaciones, y que todavía no se ha restablecido ni en las peores alertas rojas de este verano. «Estamos hablando de personas, entre ellas niños y niñas, a quienes se les ha cortado el agua en pleno verano y a más de 40 grados. Esa es la política social real de este gobierno», lamenta. A ese mismo desprecio y falta de humanidad responde la negativa del gobierno municipal a hacer el censo de personas sin techo que siempre se había realizado con periodicidad bienal, y que ahora se ha abandonado.
Robles alerta, además, de que la inminencia del desalojo, unida a los intereses económicos del PAI del Grau, corre el riesgo de derivar en un discurso que enfrente el acceso a la vivienda con la inmigración. «La mayoría de estas personas están empadronadas en València y han acabado en el asentamiento expulsadas de otros puntos de la ciudad por la misma acción municipal. Es un problema de acceso a la vivienda y de pobreza que este gobierno ha preferido esconder en lugar de resolver», explica. «No se puede permitir que se desaloje a cerca de 800 personas sin garantizarles antes una alternativa digna», subraya Papi Robles.
Por eso, reclama al gobierno de Catalá que active de manera urgente un Plan de Choque Social que analice caso por caso la situación de cada familia, con atención prioritaria a menores, mujeres víctimas de violencia machista y personas apátridas, y que garantice las prestaciones sociales mientras se tramita una solución. «No puede ser que la solución de este Ayuntamiento a un problema que él mismo ha creado sea hacerlo desaparecer de la vista antes que de la realidad», concluye Robles.
Papi Robles ha querido poner en valor la labor de las entidades sociales que llevan meses trabajando sobre el terreno con las personas del asentamiento, en claro contraste con el desprecio del gobierno municipal. «Mientras PP y Vox miran hacia otro lado, son las entidades sociales las que están al pie de la calle, reclamando los derechos de las personas sin techo», concluye la portavoz de Compromís.