- El gobierno de María José Catalá se niega a responder a Compromís per València sobre plantilla, bajas y talleres suspendidos, tras el cierre del Centro Ocupacional Isabel de Villena y las quejas de las familias
El Ayuntamiento de Valencia continúa sin explicar qué está pasando en los centros ocupacionales municipales. Compromís per València ha reclamado por escrito datos sobre plantilla, bajas de larga duración, falta de materiales y suspensión de talleres en los tres Centros Ocupacionales Municipales de la ciudad, y el gobierno de María José Catalá ha optado por no contestar. La coalición valencianista lo considera especialmente grave después de las denuncias de familias y trabajadores por el deterioro del Centro Ocupacional Isabel de Villena.
La concejala de Compromís per València Lucía Beamud considera «especialmente grave» que, ante las denuncias acumuladas durante los últimos meses, «la respuesta del gobierno no sea explicar qué está pasando, sino buscar la manera de ocultar los datos». Cuando preguntamos cuántos profesionales hay, cuántas bajas no se han cubierto, qué talleres se han suspendido o si faltan materiales, Catalá no responde, denuncia Beamud, que insiste en que no se trata de «cuestiones abstractas», sino de los recursos que determinan «cada día la calidad de vida de decenas de personas con discapacidad».
Una competencia apartada del control democrático
Una de las primeras decisiones del gobierno del PP fue sacar las competencias de Discapacidad del área de Servicios Sociales para crear una Dirección General que depende directamente de Alcaldía. El movimiento tiene consecuencias directas sobre el control democrático: las áreas adscritas a Alcaldía no cuentan con una comisión municipal ordinaria, de manera que su fiscalización queda derivada únicamente al Pleno.
El resultado, recalca Beamud, es «una anomalía política que ha dejado la gestión de la discapacidad prácticamente fuera de control político» y que permite que los servicios «sigan degradándose sin una fiscalización efectiva por parte de la oposición». Primero eliminan el espacio ordinario de fiscalización y, cuando intentamos fiscalizar desde el Pleno, nos dicen que las preguntas contienen demasiada información y deciden no contestar, denuncia la concejala valencianista. El resultado es que nadie explica cuál es la situación real de los centros ocupacionales.
La falta de respuesta municipal llega meses después de que Compromís per València alertara, el pasado mes de julio, de la situación en el Centro Ocupacional Municipal Isabel de Villena, que atiende a 54 personas usuarias. Las familias habían denunciado durante meses la falta de personal especializado, bajas de larga duración sin cubrir y la suspensión de talleres de cestería, cerámica, autonomía, papelería, vidrio y pintura. La situación llegó hasta el cierre temporal del centro, que las familias conocieron a través de un mensaje de WhatsApp.
Aquel episodio no podía quedar como una simple anécdota, explica Beamud. Queríamos saber si lo que pasó en Isabel de Villena era un problema puntual o la manifestación de un deterioro más profundo de los centros ocupacionales municipales, y por eso reclamamos datos objetivos. Según la concejala valencianista, el Ayuntamiento se ampara ahora en el Reglamento del Pleno para no facilitarlos: utilizan la forma de la pregunta para evitar responder sobre el fondo, denuncia, pese a las quejas reiteradas de las familias.
Las personas con discapacidad no pueden ser invisibles para la administración, defiende Beamud. Un centro ocupacional no es simplemente un edificio o un lugar donde pasar unas horas: es un servicio esencial para la autonomía, la inclusión y el desarrollo personal de las personas usuarias, y también un apoyo imprescindible para sus familias. Lo que pedimos es muy sencillo, plantea la concejala de Compromís per València: personal suficiente, actividades y materiales adecuados y transparencia. Hoy, lamentablemente, el gobierno de Catalá no está garantizando ni siquiera que se pueda saber si estas condiciones se cumplen.