- Un juzgado ordena la suspensión inmediata de las obras que se ejecutan sin licencia en los bajos de Racó d’Ademús y Castell de Benissanó, con advertencia de demolición.
- Papi Robles: «La justicia ha hecho en un día lo que el gobierno de Catalá no ha hecho en meses: parar unas obras ilegales que el vecindario y nosotros ya habíamos denunciado».
El gobierno de Catalá sigue sin adoptar ninguna medida ante unas obras ilegales que se ejecutaban desde hace meses en Nou Moles, distrito de l’Olivereta. La justicia ha tenido que intervenir ante la inacción del gobierno de PP y Vox. Así, un juzgado de València ha ordenadoA la suspensión inmediata de las obras que la empresa llevaba a cabo, sin licencia, en los bajos de las calles Racó d’Ademús, 29, y Castell de Benissanó, 28, para convertirlos en apartamentos turísticos. La resolución, dictada el lunes por el Tribunal de Instancia de València, llega justo al día siguiente de que Compromís per València, con los concejales Papi Robles, Ferran Puchades y Maria Giner, visitara al vecindario para denunciar las irregularidades manifiestas.
El auto, dictado por el juez en el juicio verbal 1393/2026 de suspensión de obra nueva, responde a la demanda conjunta que presentaron las comunidades de propietarios de Racó d’Ademús 29, Castell de Benissanó 28 y 30. El juzgado ordena a la empresa constructora —con diversas ramas de explotación de negocios de apartamentos turísticos— que suspenda la obra «de forma inmediata» y que lo comunique así al tribunal, con la advertencia de que cualquier construcción que continúe contraviniendo la resolución podrá ser demolida y que el incumplimiento puede constituir un delito de desobediencia a la autoridad judicial. El juzgado ha librado mandamiento al Servicio Común de Actos de Comunicación para que ejecute materialmente la suspensión.
Un cartel falso que ahora desmonta un juzgado
La demanda llega después de meses en que el vecindario denunciaba, sin éxito, que la promotora amparaba las obras en una Declaración Responsable y un certificado ECUV que, en realidad, correspondían a un expediente diferente, ya denegado y archivado por el Ayuntamiento. Aun así, la empresa había colgado en las ventanas de los bajos un cartel donde aseguraba: «Esta obra es legal». «El gobierno de Catalá tenía conocimiento de lo que estaba pasando y no movió ni un dedo para parar unas obras que el vecindario llevaba meses denunciando. Ha hecho falta que un juzgado lo hiciera en un día. València vive totalmente indefensa ante una alcaldesa que solo favorece a los especuladores», ha lamentado la portavoz Papi Robles.
La concejala valencianista ha puesto el foco en la inacción del área de Urbanismo, dirigida por Juan Giner: «Que sea un juzgado, y no el Ayuntamiento, quien pare estas obras es la confirmación de que el gobierno de Catalá mira hacia otro lado cuando quienes incumplen la ley son fondos y promotoras que quieren llenar la ciudad de apartamentos turísticos.» Robles ha reclamado que el Ayuntamiento abra ahora mismo expediente sancionador contra la empresa y retire el cartel «engañoso» que todavía sigue colgado en la fachada.
Papi Robles también ha exigido al gobierno de Catalá que actúe de oficio y no espere más resoluciones judiciales para hacer cumplir la normativa urbanística: «La justicia ha hecho en un día lo que el gobierno de Catalá no ha hecho en meses: parar unas obras ilegales que el vecindario y nosotros ya habíamos denunciado. Ahora le toca al Ayuntamiento actuar, sancionar y garantizar que el auto se cumple, porque si no lo hace estará, de hecho, protegiendo a quien incumple la ley.» Robles ha añadido que Compromís per València hará seguimiento del cumplimiento de la resolución.
La formación valencianista ha reiterado su apoyo a las tres comunidades de propietarios demandantes y ha exigido que el gobierno municipal explique por qué ha hecho falta una demanda judicial, y no una actuación de oficio, para paralizar unas obras que el Ayuntamiento ya tenía indicios claros de irregularidad desde hace meses. «Lo vemos por todos los barrios de la ciudad, los apartamentos turísticos están matando la vida de barrio y expulsando al vecindario mientras Catalá no hace nada. Es la gran mentira de este mandato», sentencia Robles.