Más de 18 meses. Ese es el tiempo que el Ayuntamiento de València y la Conselleria de Servicios Sociales tardan en iniciar los expedientes de valoración de las personas con dependencia. Una inaceptable espera que tal como denuncia el Síndic de Greuges es completamente injustificada.
Así, el informe de la institución es claro y apunta que la justificación dada por las administraciones valencianas para la demora en la resolución de los expedientes no están motivadas “de forma coherente y ajustada a la realidad”, y recuerda que “la demora, la inactividad de la Administración o la carencia de respuestas reiteradas a sus necesidades más básicas de atención y cuidados no hace sino incrementar el sufrimiento y dificultades a las cuales tiene que enfrentarse diariamente las personas dependientes y sus familias”. Y añade que “la privación de los servicios y las prestaciones a que tienen derecho no solo les impide disfrutar plenamente de esos derechos, sino que afecta directamente su bienestar y sus necesidades vitales”.
“Un govern indolent cap als més vulnerables”
La concejala de Compromís per València, Lucia Beamud, ha situado el origen del problema en las decisiones políticas de PP y Vox encaminadas a deshacer todo lo que se había avanzado en materia de dependencia con el Botànic.
Beamud ha recordado que, durante la etapa de Mónica Oltra como Consellera de Servicios Sociales, se consiguió que el territorio valenciano pasase de ser, en 2015, el territorio peor valorado por el trato a las personas dependientes, a convertirse en 2023 en la quinta comunidad autónoma con mejor atención.
“Hemos pasado de avanzar a retroceder. A PP y Vox no les importa el sufrimiento de las personas vulnerables, y menos el de las personas con dependencia. Son un gobierno indolente”, ha señalado la concejala de Compromís quien lamenta que “la dependencia no es un trámite más, es la diferencia entre vivir con dignidad o quedarse sin apoyo. Cada mes de retraso es un mes sin ayuda para personas que necesitan cuidados y para familias que a menudo las asumen en solitario”.
Por eso, Beamud exige al Ayuntamiento y a la Generalitat que agilicen inmediatamente el inicio de los expedientes y cumplan los plazos legales, para que el derecho a la dependencia no puede depender de la voluntad política de quien gobierne.