- Eva Coscollà denuncia que el gobierno municipal rechaza estudiar los recargos del IBI a los grandes titulares de pisos turísticos y reclama que València sea declarada zona de mercado residencial tensionado.
València, 21 de octubre de 2026
Compromís per València ha denunciado el voto en contra de PP y Vox a la moción presentada por la concejala de la coalición valencianista Eva Coscollà en la Comisión de Hacienda, que proponía estudiar la aplicación de recargos del IBI a los grandes titulares de viviendas de uso turístico.
La propuesta pedía iniciar los estudios técnicos, económicos y jurídicos necesarios, con el objetivo de valorar un recargo de hasta el 50% del IBI a los titulares de viviendas turísticas. Subiría al 100% para quien tenga dos o más, y al 150% para quien tenga cuatro o más. La base es el Real decreto ley 29/2026, de 6 de octubre.
La concejala ha criticado que el gobierno de Catalá se niegue a estudiar nuevas herramientas contra la crisis residencial. “En una ciudad donde cada vez más personas y familias tienen dificultades para acceder a una vivienda asequible, el Ayuntamiento debe utilizar todas las herramientas legales y fiscales disponibles para garantizar el derecho a una vivienda digna. PP y Vox prefieren cerrar la puerta antes que estudiar propuestas”, ha afirmado Coscollà.
El voto negativo no impide el recargo, pero lo retrasa. Sin estudios, el Ayuntamiento no podrá tener preparada la ordenanza fiscal cuando se cumplan los requisitos legales. Cada mes de demora es un mes más de pisos turísticos creciendo sin ningún freno fiscal.
Compromís reclama que València sea declarada zona tensionada
La moción también instaba al gobierno de Catalá a impulsar ante la Generalitat la declaración de València cómo zona de mercado residencial tensionado. Es un requisito previo para poder aplicar estos recargos.
Para Compromís, la medida podría contribuir a desincentivar la proliferación de apartamentos turísticos, porque reduciría la rentabilidad de un uso que compite directamente con la vivienda residencial. Así, más inmuebles podrían volver al mercado para las familias que los necesitan.
La formación valencianista recuerda que la declaración de zona tensionada tiene un efecto más amplio. Permitiría también aplicar el control de precios del alquiler que prevé la Ley de Vivienda, una demanda avalada por más de 6.000 firmas ciudadanas. “El gobierno de Catalá hace tiempo que tiene esta herramienta sobre la mesa y se niega a usarla. Ahora cierra también la puerta a estudiar la fiscalidad de los pisos turísticos”, señala Coscollà.
Compromís per València seguirá insistiendo en esta línea. El primer partido de la oposición llevará el debate al Pleno extraordinario sobre vivienda y reclamará que cada grupo municipal explique de qué lado está.