La portavoz de la formación valencianista, Papi Robles, alerta de que cada nueva información “confirma que las plazas estaban hechas a medida” dentro de la trama clientelar del PP
El relato de legalidad que ha defendido María José Catalá en el ‘Caso Enchufismo» del PP vuelve a hacer aguas. Compromís per València ha podido constatar que una de las plazas —la de Visit València— que la alcaldesa ponía como ejemplo de “proceso correcto” no cumplía los requisitos establecidos en la convocatoria, en un nuevo episodio de este caso que ya investiga la Fiscalía Anticorrupción por una presunta trama de colocaciones a dedo en el sector público.
La coalición valencianista recuerda que esta investigación apunta a un sistema organizado para situar a personas afines en puestos directivos mientras se liquidaba el Consorcio València 2007, con procesos bajo sospecha de vulnerar los principios de igualdad, mérito y capacidad, como recogía el informe de la Intervención General del Estado. En este contexto, el caso de Visit València “no sería una excepción ‘legal’, como ha tratado de hacer ver la alcaldesa, sino una pieza más de una operativa más amplia”, considera la portavoz de Compromís, Papi Robles.
Según la información contrastada por Compromís con documentación pública, el puesto de trabajo adjudicado en la Fundación Visit València se asignó a una persona que, en el momento de la contratación, ya no cumplía el requisito esencial de ser empleado del sector público con relación funcionarial o laboral estable. En concreto, esta persona fue despedida del Consorcio el 16 de octubre de 2024. Sin embargo, la resolución se firmó el 11 de noviembre de 2024 y el contrato al día siguiente, cuando ya había perdido esta condición tras el despido colectivo del Consorcio València 2007.
Las bases de la convocatoria eran claras: era necesario acreditar la condición de personal del sector público tanto en el momento de presentarse como en el de formalizar el contrato. Para Compromís, el hecho de que esta exigencia no se cumpliera desmonta completamente la defensa de Catalá y pone en cuestión la validez del proceso. Compromís confía en que el informe encargado por la alcaldesa a la Secretaría Municipal acabe confirmando esta irregularidad detectada por la formación valencianista.
La portavoz de Compromís per València, Papi Robles, advierte de que estamos ante un caso paradigmático: “Catalá ha intentado vender como legal lo que no lo era. Cada vez que intenta justificar esta operación aparecen nuevas irregularidades que evidencian que las reglas no eran iguales para todo el mundo. Y con cada nuevo audio que conocemos, el castillo de mentiras de Catalá se hunde”.
Compromís solicita nueva documentación
En esta línea, el concejal Ferran Puchades ha solicitado la documentación relativa al proceso, incluyendo las certificaciones que acreditaban el cumplimiento de los requisitos y la Relación de Puestos de Trabajo de la Fundación Visit València, con el objetivo de aclarar cómo se tramitó realmente esta contratación.
Compromís per València sostiene que este caso confirma lo que ya apunta la investigación que ha incoado la Fiscalía Anticorrupción: no se trata de errores puntuales, sino de un patrón. La formación valencianista recuerda que ya ha aportado al fiscal documentación y audios que describen una operativa planificada desde el gobierno municipal para colocar a personas concretas en instituciones públicas, en una trama que implica al Puerto de València, Visit València, la Fundación Deportiva Municipal e incluso Aumsa, aunque el concejal José Marí Olano no logró finalmente que la empresa pública de vivienda “entrara en el presunto plan de Catalá de colocaciones a dedo”. En total, siete plazas coordinadas para beneficiar, sobre todo, a dos personas que acabaron en el Puerto con sueldos de directivas.
Papi Robles señala que el problema no es solo jurídico, sino de primer orden político: “Catalá ha convertido presuntamente las instituciones en una agencia de colocación al servicio de su partido. Y eso es incompatible con una administración pública que debe garantizar igualdad de oportunidades y transparencia”. Ante esta nueva evidencia, el segundo partido de la ciudad insiste en la necesidad de llegar hasta el final. La ciudad merece saber si se han manipulado procesos públicos para beneficiar a determinadas personas. Y, sobre todo, merece un gobierno que no juegue con las reglas.