• La ciudad podría crecer en 32.423 plazas turísticas (apartamentos y hoteles) que permite la ordenanza frente a las 39.396 actuales, y sumar otras 22.705 de hoteles de 5 estrellas y edificios protegidos incluidas en la excepción
  • La portavoz de Compromís, Papi Robles, denuncia que la ordenanza “no es una regulación, es un plan de expansión turística disfrazado de restricción”

Compromís per València ha denunciado este jueves que la nueva normativa de pisos y alojamientos turísticos impulsada por el gobierno de María José Catalá “no limita la turistificación, sino que prepara la ciudad para una nueva expansión masiva del turismo”. La coalición valencianista ha presentado un informe técnico elaborado a partir de datos oficiales del propio Ayuntamiento que concluye que la regulación aprobada por PP y Vox permitiría prácticamente doblar las plazas turísticas actuales en los barrios de la ciudad. Los datos hechos públicos por el gobierno de PP y Vox no incluyen, paradójicamente, los que afectan al distrito de Ciutat Vella, el más turistificado de la ciudad.

La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha asegurado que el gobierno municipal “ha estado mintiendo durante meses hablando de la regulación más restrictiva de España cuando sus propios datos demuestran exactamente lo contrario”. Según el informe presentado por la formación valencianista, València cuenta actualmente con 39.396 plazas turísticas fuera de Ciutat Vella y la nueva normativa permitiría sumar otras 32.423 solo en los barrios que continúan sin restricciones.

Para Compromís, la situación es todavía “más escandalosa” porque la normativa también permite hasta otras 22.705 nuevas plazas de hoteles de 5 estrellas y edificios protegidos en barrios declarados formalmente saturados gracias a las excepciones introducidas por el gobierno municipal. “Cuando sumas todas las excepciones y todos los agujeros que han dejado abiertos, el resultado es que esta ciudad podría llegar a crecer más de un 130% en plazas turísticas. Esto no es poner límites. Esto es abrir la puerta a duplicar el turismo en València”, advierte Robles.

El informe técnico concluye que el 70,4% de los barrios regulables de la ciudad (57 de 81) continúan teniendo margen para crecer turísticamente sin superar los umbrales fijados por la norma. Entre los barrios con mayor potencial de crecimiento aparecen Torrefiel, Nou Moles, Benimaclet, Orriols, Sant Pau, Benicalap o Arrancapins, todos ellos barrios densos y de clase trabajadora. “Nos habían dicho que querían proteger los barrios y lo que han hecho es señalar nuevos barrios para continuar expandiendo el negocio turístico. La turistificación ya no es solo un problema del centro histórico o de la playa. Ahora el PP quiere extenderla por toda la ciudad”, denuncia la portavoz valencianista.

Compromís considera especialmente grave que barrios ya saturados continúen pudiendo recibir nuevas plazas hoteleras gracias a la llamada “excepción hotelera” incorporada por la norma. Según el informe, barrios como Russafa, Aiora, la Malva-rosa, Gran Vía o Natzaret podrían continuar incrementando la presión turística a pesar de estar formalmente saturados.

Opacidad en el distrito más turistificado

La coalición valencianista también denuncia “la opacidad total” del gobierno municipal con Ciutat Vella, ya que el Ayuntamiento no ha publicado los datos desagregados del distrito más tensionado de la ciudad pese a que la propia normativa obliga a garantizar el acceso público a la información de saturación turística.

Para Papi Robles, “la realidad es que PP y Vox han redactado una normativa pensada para proteger los intereses especulativos y no el derecho a la vivienda ni la vida cotidiana de los barrios”. “Detrás de cada nueva plaza turística hay una familia expulsada del mercado residencial, un alquiler más caro y un barrio que pierde vecindario. Este gobierno ha elegido claramente de qué lado está: del negocio turístico y de los grandes inversores. Nosotros elegimos el otro: el de los vecinos y vecinas que quieren seguir viviendo en su ciudad”, advierte.

Compromís exige una normativa con umbrales mucho más restrictivos, la eliminación de las excepciones hoteleras y patrimoniales, un mecanismo real de reducción de plazas en barrios saturados y la implantación de una tasa turística “que permita compensar el impacto real que el turismo masivo está provocando sobre los servicios públicos y la convivencia”. “La ciudad no necesita más propaganda turística. Necesita proteger el derecho de la gente a seguir viviendo en sus barrios”, asegura Robles.