- Compromís exige al gobierno de Catalá que pase de las buenas palabras a los hechos después de que los sindicatos policiales lleven meses reclamando medidas sin respuesta
Cada comisaría de la Policía Local decide por su cuenta qué medidas adopta —o puede adoptar— para garantizar la seguridad de las instalaciones y de su acceso. No existe un criterio común ni un plan que lo ordene, y eso es lo que denuncian los sindicatos y el concejal de Compromís Ferran Puchades, que reclama la redacción urgente de un plan de protección y acceso para todas las dependencias policiales de la ciudad.
La reivindicación no es nueva. Tanto en el Comité de Seguridad y Salud Laboral del Ayuntamiento como en la Mesa Técnica de Negociación de la Policía Local, los representantes de los trabajadores llevan tiempo pidiendo un estudio serio que acabe con la improvisación y los parches con los que se va tirando sin afrontar el problema de fondo. El propio Comité ha llegado a recomendar la presencia de al menos dos personas por comisaría y un estudio de seguridad individualizado para cada una.
Puchades lo sitúa como una cuestión que se arrastra desde hace demasiado tiempo y que se ha denunciado una y otra vez sin que los responsables de la Policía Local se dieran por aludidos. La reunión del Comité de Seguridad de abril de 2026 fue la prueba: tuvo que pronunciarse sobre el asunto y, meses después, todavía no hay ninguna decisión tomada. El concejal recuerda que la gravedad de la situación la puso sobre la mesa el propio representante de la Policía Local en el Comité, que admitió que, salvo la Primera Unidad, ninguna otra dependencia reúne condiciones de seguridad.
El concejal valencianista insta ahora al concejal delegado de Policía Local, Jesús Carbonell, y al resto de mandos policiales a dejar atrás las buenas intenciones expresadas en la Mesa Técnica del 22 de junio —incorporar personal de segunda actividad— y poner en marcha una solución integral, adaptada a cada comisaría.
Porque, como remarca Puchades, «difícilmente la Policía Local puede garantizar la seguridad de la ciudadanía si no es capaz de garantizarla en el acceso a sus propias instalaciones. No se trata de parches ni de soluciones transitorias con agentes de segunda actividad haciendo guardia en las puertas: la respuesta debe ser definitiva y abarcar todas las actuaciones necesarias para que las comisarías sean, por fin, un lugar seguro donde trabajar y donde la ciudadanía pueda hacer sus gestiones con garantías».