La concejala de Bienestar Social, Consol Castillo, se reunió ayer con Helena Ferrando, secretaria autonómica de Servicios Sociales, para avanzar en las negociaciones para transferir diversos servicios sociales que está pagando el Ayuntamiento, pero que son competencia de la Generalitat, como es el caso de la residencia de personas con diversidad funcional de Valle de la Ballestera.
Se trata de una acción enmarcada en un plan de racionalización de los recursos del Ayuntamiento en esta materia, ya que, según explicó la concejala Consol Castillo «el anterior equipo de gobierno decidía qué servicios sociales subvencionaba o no en base a simpatías personales», lo que se traduce» numerosos recursos a servicios que correspondían a la Generalitat «durante los años de gobierno del PP en detrimento de» colectivos que sí dependen del Ayuntamiento «.
Así, el Ayuntamiento construirá dos centros de día para jóvenes y menores, «huérfanos de recursos municipales», uno en el Cabanyal y el otro en las Naves de Ribes del Parque Central, que los ayudan y atiendan «adecuadamente», declaró Castillo.
Por otra parte, la secretaria autonómica se ha mostrado receptiva en que la Generalitat asuma en este año la concesión de una parte de las 65 plazas con las que cuenta la residencia para oficializar el año 2018 el traspaso total y completo del servicio.
De este modo, el Ayuntamiento cedería a la Generalitat el edificio, por el que abona anualmente 2,5 millones de euros aproximadamente para que el gobierno del PP lo asumió cuando se trataba de una competencia autonómica. Esta gestión permitirá a la concejalía de Servicios Sociales disponer de más presupuesto a partir de los próximos años para colectivos que hasta ahora no habían sido contemplados por parte del Ayuntamiento.
En la reunión también se acordó estudiar la situación irregular de tres centros de formación para personas en diversidad funcional. Aunque el coste del servicio es asumido por parte de la Generalitat, el Ayuntamiento de València está pagando desde hace años el alquiler de los locales, a razón de 200.000 euros anuales. «El objetivo es regularizar también esta situación y, sobre todo, adaptar los servicios sociales que tenemos en la ciudad de València a la legislación vigente», concluyó Castillo.