València firma una declaración conjunta municipalista a favor de una contratación pública sostenible

El Ayuntamiento de València, mediante el concejal de Gobierno Interior, Sergi Campillo, firmó ayer en Barcelona una declaración municipalista para promocionar la contratación pública responsable. También firmaron el documento los representantes de otros cuatro municipios, como el de Barcelona, ​​Madrid, Santa Coloma y Sabadell. Además, se añadieron los ayuntamientos de Sevilla, Pamplona y Badalona.

“Queremos poner en valor la apuesta de València para que el precio no sea tan determinante en la contratación y dar importancia a cláusulas sociales, éticas y medioambientales”, destacó Campillo, quien subrayó la importancia de esta declaración y la transversalidad de los municipios que la firmaron, con partidos políticos y coaliciones varios a la cabeza.

El concejal Campillo recordó que en València las empresas que desean contratar con el Ayuntamiento deben aplicar algunas condiciones desde que el año pasado el Gobierno de la Nave acordase la aplicación de una serie de cláusulas contractuales con el objetivo de que haya “un cambio en las relaciones con las empresas porque el Ayuntamiento exige unos criterios y normas nuevos”.

Entre las diferentes condiciones destacan la necesidad de planes de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, el respeto a la igualdad de trato y oportunidades, el uso de lenguaje no sexista o la especial atención al fomento del empleo en colectivos como los mayores de 45 años y los parados de larga duración.

Las ciudades firmantes denunciaron que el proyecto de ley de contratos del sector público que ha presentado el gobierno central no garantiza la contratación pública responsable, eficiente, íntegra, transparente y sostenible. En contraposición, con esta declaración conjunta se apuesta por la promoción de la contratación pública responsable, que impulse el tejido productivo local, dando acceso a las pequeñas y medianas empresas y promoviendo la economía social y las empresas responsables tanto desde un punto de vista social como ambiental.

En la declaración también se plantea la necesidad de una contratación pública que sea transparente, que se pueda fiscalizar, que se penalicen las malas prácticas empresariales y donde se contribuya a un marco de competencia en el que la contratación pública se base en la calidad, el valor social y la eficiencia y no en la precariedad laboral y las prácticas insostenibles.

Los municipios firmantes destacaron que en los últimos años el potencial de la contratación pública se ha mal aprovechado, generando en algunos casos impactos negativos, dado que el criterio económico “siempre ha sido el principal”, sin reparar en la importancia de las “consideraciones de carácter laboral, social, ambiental o de igualdad de género”, ejemplificó Campillo.

La declaración denuncia que el gobierno central ha presentado a las Cortes Generales un proyecto de ley de contratos del sector público que, entre otros temas, no define nuevos procedimientos de contratación ágiles y eficientes, recorta avances que suponía la norma europea y no facilita el marco legal necesario para desarrollar una contratación pública responsable.

Para los municipios firmantes ésta es una oportunidad que hay que aprovechar para generar marcos legales que permiten hacer de la contratación pública una herramienta de transformación social y económica y una muestra más de cómo se está materializando en diversos ayuntamientos, con gobiernos diferentes, un nuevo e innovador paradigma de contratación como política pública estratégica y coherente con el mandato de la directiva europea.

Arxivat en: 2017, Ajuntament, Economia i Ocupació, Gobierno, Inserción Socio-Laboral, Joan Ribó, Sergi Campillo+, Valencia

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