En verano de 2020 la Agencia Tributaria anunció una presunta mala praxis en la gestión de la Empresa Municipal de Transportes por parte del gobierno de Joan Ribó, pese a que desde el principio Ayuntamiento y EMT aclararon que no tenía fundamento. No obstante, la extrema derecha política y mediática amplificaron el lawfare que, gracias a los recursos de Compromís, ha acabado resolviendo el Tribunal Económico Administrativo Central a favor de Compromís y la ciudad de València, que no deberá pagar los 10 millones erróneamente reclamados.
“Una vez más, un falso escándalo con un gobierno del cambio como víctima, y las arcas públicas de València como rehén, acaba en nada una vez que ya se ha hecho todo el daño posible a la reputación de quienes gestionaban lo público con la mayor eficacia”, resume el concejal de Compromís per València Giuseppe Grezzi y entonces presidente de la EMT. Aunque la gestión puesta en entredicho había sido avalada por la intervención municipal, Grezzi y el gobierno de Compromís fueron el blanco de los medios y los políticos de extrema derecha, que amplificaron la denuncia carente de fundamento de la Agencia Tributaria mientras silenciaban los argumentos que la desmontaban y que han sido la base para que finalmente los valencianos no vayan a pagar los 10 millones erróneamente reclamados por la Agencia Tributaria. “Durante semanas se llenaron páginas de diarios con esta denuncia y los ataques de Català y el PP a la EMT, obviando las explicaciones y la documentación aportada por el propio Ayuntamiento, y que desmentían el asunto. Afortunadamente, aunque el mal que nos querían hacer a nosotros ya estuviera hecho, no por ello dejamos de reclamar para que el ataque al gobierno municipal además no costara a los valencianos 10 millones de dinero público”, apunta el concejal Grezzi.
Cabe recordar, que el asunto se remonta al 16 de julio de 2020, cuando la Agencia Tributaria anunció la apertura de actuaciones inspectoras contra EMT en relación con los impuestos de IVA y sociedades por la contabilización de la subvención anual otorgada por el Ayuntamiento. Aunque ya había eximido a otras empresas de transportes por las mismas circunstancias, Hacienda consideraba que dicha subvención en València debería de haber devengado IVA al existir una vinculación entre las ventas de títulos de EMT y la subvención abonada por el Ayuntamiento. En cambio, tanto el Ayuntamiento como EMT consideran que la subvención no estaba sujeta a IVA por no estar vinculada al precio de los títulos sino por estar destinada a compensar el déficit total de explotación.
El período abierto a inspección por la Agencia Tributaria se limitaba el periodo entre abril de 2016 y noviembre de 2017, al entrar en vigor la Disposición final décima de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que aclaraba que esta subvención no está sujeta a IVA. Una reforma legal que no hacía más que regular de forma expresa la aplicación de la norma que hasta entonces se desprendía tácitamente, no haciendo más que reafirmar la correcta interpretación tanto de Ayuntamiento como de EMT, y que ya había servido a la propia Agencia Tributaria para no emprender las mismas actuaciones en otras ciudades, aunque incomprensiblemente sí en València.
Finalmente, aunque la Agencia Tributaria resolvió que la EMT debía hacer frente a una deuda de 10.630.964,51 € en concepto de IVA no pagado, la reclamación económico-administrativa interpuesta ante el TEAR (Tribunal Económico-Administrativo Regional de València) por la EMT siendo su presidente Giuseppe Grezzi ha concluido que “las dotaciones presupuestarias controvertidas no pueden incluirse en la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido y, en consecuencia, procede anular el acto”; desmontando así toda la campaña contra la gestión municipal.