En una nueva resolución el Síndic señala que el Ayuntamiento se ha negado a atender sus recomendaciones sobre el derecho de amparo por el que la Alcaldía debe tutelar y proteger el derecho de información de los concejales cuando recaben datos e informaciones. Responde así a una queja formulada por el concejal de Compromís per València Sergi Campillo ante las deficientes respuestas que da el gobierno de PP y Vox a las peticiones de los grupos de la oposición en plenos y comisiones. Una muestra más, como denuncia Campillo, de «la absoluta falta de transparencia de Catalá».

La queja al Síndic de Greuges planteada por el concejal de Compromís se origina a raíz de un recurso de amparo que presenta Sergi Campillo a la alcaldesa por la falta de respuesta del gobierno municipal a una pregunta en la Comisión de Urbanismo. En ese momento, la Alcaldía realiza una interpretación restrictiva del derecho de amparo y no acepta el recurso del concejal.

El Síndic de Greuges recuerda que las preguntas por escrito a plenos y comisiones son parte del derecho de información y que el Reglamento Orgánico del Pleno señala que el derecho de amparo deberá ser resuelto por la Alcaldía en el plazo máximo de diez días y no cabe otra interpretación para atender este derecho fundamental de los concejales y concejalas. Considera, además, que la respuesta enviada a esta institución por parte del gobierno municipal evidencia que “desde el Ayuntamiento de València no se han realizado las actuaciones necesarias para atender a las recomendaciones” y señala que “este comportamiento ha impedido alcanzar, de forma efectiva, la satisfacción de los derechos reclamados por la persona promotora de la queja”.

El concejal de Compromís per València Sergi Campillo asegura que “ya hemos perdido la cuenta de la cantidad de veces que el Síndic de Greuges nos ha dado la razón por la absoluta falta de transparencia del gobierno de Catalá. Esta vez ha sido por las deficientes respuestas que dan los concejales de gobierno a las peticiones de los grupos de la oposición en plenos y comisiones. La alcaldesa en lugar de amparar a los concejales de la oposición en nuestro legítimo derecho a la información ha decidido darnos la espalda y avalar unas prácticas antidemocráticas”.

Ahora, el Síndic de Greuges publicará esta resolución con las consideraciones en la web de la institución y debe informar también a las Cortes de la negativa del gobierno municipal a asumir su dictamen. Campillo destaca que «la tarea de la oposición es fundamental para tener una democracia sana pero parece que a Catalá le interesa más otra cosa: la opacidad y obstaculizar el control en la gestión del gobierno».