- La portavoz Papi Robles recuerda que el PP “es un peligro en la gestión pública” y que su política “siempre está bajo la sombra de la sospecha”
- Compromís reclama reforzar los controles, prohibir el acceso de cargos públicos a VPP y revisar el modelo de colaboración público-privada: “El suelo público no es patrimonio de ningún partido”
Que no vuelva a repetirse un escándalo como el de Alicante. Y que ninguna VPP esté bajo sospecha como ocurre en València tras la permuta del edificio de 39 viviendas de Patraix. Compromís per València llevará mañana al Pleno una moción para reforzar los criterios de adjudicación de viviendas de protección pública y blindarlos frente a “la voracidad del PP con todo lo público”, tras el vergonzoso caso de Alicante y la polémica generada en València.
La iniciativa registrada por la portavoz Papi Robles y el concejal Ferran Puchades advierte de que el caso de Alicante —con investigaciones abiertas por presuntas adjudicaciones irregulares de VPP a cargos públicos y personas vinculadas al PP— no es un hecho aislado, sino la consecuencia de un modelo que ha debilitado los mecanismos de control público. “Cuando se eliminan filtros, registros y controles previos, lo que se genera es un terreno abonado para los privilegios. La vivienda protegida no puede convertirse en un circuito para favorecer a los de siempre mientras miles de familias no pueden pagar el alquiler”, ha afirmado Robles.
La coalición valencianista vincula también este debate con la operación de Patraix, donde el Ayuntamiento ha adquirido un edificio de 39 VPP en construcción a cambio de cuatro parcelas municipales valoradas en ocho millones de euros. Los pliegos exigían que las viviendas no estuvieran comercializadas, pero se ha conocido que existieron prerreservas previas que posteriormente fueron rescindidas unilateralmente por la promotora, dejando a las familias descolgadas y sin la vivienda al precio que habían pactado. “Es muy grave que mientras en Alicante la Fiscalía investiga adjudicaciones presuntamente irregulares, en València estamos debatiendo si una promoción cumplía o no los requisitos del pliego. La pregunta es sencilla: ¿quién gana con estas operaciones? Lo que sí sabemos es que el PP es un peligro en la gestión pública y es un partido que vive permanentemente bajo la sombra de la sospecha”, ha señalado la portavoz.
Papi Robles ha advertido de que con las políticas de Catalá la ciudad pierde capacidad de tutela sobre suelo público con potencial para 200 VPP y ha insistido en que no se puede normalizar “que el patrimonio municipal se gestione con lógica de operación inmobiliaria y no con criterios de interés general”.
Reforzar controles y evitar conflictos de interés
La moción de Compromís plantea instar a la Generalitat a revertir las modificaciones aprobadas en diciembre de 2024 que eliminaron la obligatoriedad de inscripción en el Registro de Demandantes y otros mecanismos de control previo en promociones privadas, así como reforzar la fiscalización administrativa.
Además, propone prohibir que cargos públicos electos y familiares directos puedan participar en procesos de adjudicación de VPP durante su mandato y en el periodo inmediatamente posterior, y establecer protocolos municipales estrictos de declaración de conflictos de interés y trazabilidad pública de los expedientes.
“La alcaldesa no puede mirar hacia otro lado. No estamos ante un debate técnico, sino ante un modelo político. O blindamos la vivienda protegida con luz y taquígrafos o la confianza de la ciudadanía seguirá deteriorándose”, señala Robles. “El suelo público es de toda la ciudad. Y la ciudad merece garantías, no dudas”, ha sentenciado la portavoz.