- La formación valencianista llevará una moción a la sesión plenaria del 30 de junio para reclamar a la alcaldesa que convoque al sector del taxi y exija a la Generalitat la modificación del decreto que desregula los vehículos con conductor.
- Giuseppe Grezzi: «El descontrol de las VTCs no supone solo una amenaza para el sector del taxi sino para el correcto funcionamiento del tráfico en la ciudad».
Compromís per València llevará al pleno del Ayuntamiento del próximo martes una moción para exigir a María José Catalá que abandone la pasividad ante el conflicto entre el taxi y las VTC y reclame a la Generalitat un cambio de rumbo en su política de transporte discrecional. La propuesta, que presentará el concejal Giuseppe Grezzi, pide a la alcaldesa que se reúna de forma inmediata con el sector del taxi y que exija al Consell la modificación del Decreto Ley 5/2026, aprobado por el gobierno de Pérez Llorca con el respaldo de PP y Vox.
El decreto, que modifica también la Ley 13/2017 del taxi, elimina el tiempo mínimo de precontratación de quince minutos que hasta ahora regía para las VTC, suprime cualquier límite territorial para su operativa y no exige capacitación específica para prestar el servicio discrecional. Tampoco habilita a los ayuntamientos, según denuncia la formación valencianista, para ejercer control sobre el tráfico o el espacio público que generan estos vehículos, ni se sustenta en ningún estudio que analice el impacto real de su proliferación. Un cambio este último que afecta especialmente a València, ciudad en la que se concentran más de la mitad de las licencias de taxi de la Comunitat.
«Estamos ante una desregulación en toda regla, sin estudios, sin garantías y sin que los ayuntamientos puedan hacer nada», resume Grezzi, que fue titular del área de Movilidad Sostenible durante las dos pasadas legislaturas. El edil de la coalición valencianista recuerda que el propio Real Decreto Ley 5/2023, que traspasó competencias a las comunidades autónomas, reconocía que el crecimiento descontrolado de las VTC impacta en la congestión, la seguridad y la gestión del espacio público, y que el Consell tenía margen para protegerlo.
Con el aval del Supremo
La moción se apoya además en una reciente sentencia del Tribunal Supremo que establece una distinción jurídica clara entre ambos servicios: el taxi tiene la consideración de servicio público de interés general con tarifas reguladas, mientras que las VTC son una actividad empresarial sujeta a autorización administrativa, sin tarifario fijo y con muchas menos obligaciones. «El Supremo deja negro sobre blanco que no se puede invocar la libre competencia para debilitar un servicio público frente a un modelo privado que opera con muchas menos exigencias», apunta Grezzi. Y eso, añade, es justo lo contrario de lo que hace el decreto aprobado por el Consell.
El primer partido de la oposición sostiene que la falta de regulación efectiva está detrás del aumento de vehículos con matrícula azul que circulan por la ciudad sin estar señalizados ni controlados como taxis, un fenómeno que vincula con el deterioro del tráfico en València durante los últimos tres años. «La presencia cada vez mayor de vehículos merodeando a la caza de turistas no beneficia a nadie, ni siquiera a los que los conducen, y solo genera tráfico añadido», señala el concejal, que insiste en que se trata de un efecto ampliamente documentado por la ingeniería del tráfico y no de una externalidad imprevista.
Dos peticiones concretas
La moción que defenderá Grezzi el martes plantea dos puntos al gobierno municipal. El primero pide a Catalá que convoque cuanto antes a todos los representantes del sector del taxi para trasladarles el respaldo del Ayuntamiento a sus reivindicaciones. El segundo reclama que la alcaldesa exija al conseller Martínez Mut y al president Pérez Llorca la modificación del Decreto Ley 5/2026 para regular de forma efectiva el servicio que prestan las VTC, evitar el intrusismo y la competencia desleal, y garantizar así el derecho de las personas usuarias a un servicio de taxi protegido conforme a la legislación vigente y a la jurisprudencia del Supremo.
«No se entiende la pasividad de Catalá ante un problema que crece ante sus propias narices», sostiene Grezzi, que atribuye ese silencio a la sintonía del PP con la desregulación que estas plataformas están promoviendo también en otras grandes ciudades españolas. «A los valencianos nos debería dar igual lo que el PP haga en Madrid o en Barcelona. València hay que cuidarla, y Catalá se está desentendiendo de sus funciones mientras el taxi y el conjunto de la ciudad pagan las consecuencias del atasco permanente en el que la han metido PP y Vox».