- Compromís per València reclama la recuperación de la gestión pública de los dos centros municipales, adjudicada hace semanas a una empresa de control de plagas con expedientes abiertos por maltrato animal en otras ciudades.
- Gloria Tello: «No se puede dejar la vida y la muerte de los animales abandonados en manos de un negocio que vive del exterminio de plagas».
Compromís per València llevará al pleno de mañana una moción para revertir la privatización de los dos centros municipales de acogida de animales abandonados de la ciudad, los de Benimàmet y Natzaret, y devolver al Ayuntamiento la gestión directa de un servicio que hasta hace pocas semanas llevaban, respectivamente, la protectora Modepran y el propio consistorio.
La iniciativa, registrada por la concejala y coportavoz del grupo municipal, Gloria Tello, pide al gobierno de María José Catalá que inicie el desistimiento o la resolución del contrato adjudicado a la UTE Athisa Medioambiente-Adda Ops, valorado en 5,2 millones de euros y con vigencia hasta 2029, y que arranque de inmediato los trámites para la completa municipalización de ambos centros.
«No se puede dejar la vida y la muerte de los animales abandonados en manos de un negocio que vive del exterminio de plagas», advierte Tello, exresponsable del área de Bienestar Animal durante los gobiernos de Compromís, que recuerda que los dos refugios acogen a varios cientos de perros, gatos y animales exóticos a la espera de una nueva familia.
El Ayuntamiento sacó a concurso la gestión de ambos centros tras más de una década de prórrogas, y la adjudicación recayó en la UTE formada por Athisa Medioambiente, empresa andaluza especializada en control de plagas, y Adda Ops, constructora castellonense con servicios de gestión de fauna invasora. Modepran, la protectora que había atendido el refugio de Benimàmet durante quince años, quedó excluida del proceso por no superar la puntuación mínima exigida en su memoria técnica y recurrió la decisión ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
Antecedentes que generan dudas
La moción de la formación valencianista pone el foco precisamente en los antecedentes de Athisa, que mantiene procedimientos penales abiertos por presunto maltrato animal vinculados a la gestión de refugios en otros municipios del Estado. El propio cambio de gestor en València estuvo marcado por la presencia de agentes del Seprona en el Ayuntamiento, que se personaron para recabar información apenas días antes de que la UTE asumiera el servicio. «La existencia de investigaciones administrativas y judiciales relacionadas con el bienestar animal que afectan a empresas adjudicatarias del servicio exige la máxima diligencia por parte de las administraciones públicas», recoge el texto registrado por la edil.
Mientras se resuelve esa reversión, el segundo partido de la ciudad exige que la dirección de los dos centros recaiga de inmediato en veterinarios municipales funcionarios y no en personal de la UTE, y que las eutanasias humanitarias, las vacunaciones y las desparasitaciones queden firmadas y supervisadas por esos mismos profesionales. La moción reclama también la creación de un comité ético, formado por personal del Servicio de Bienestar Animal, representantes de la Sección de Derecho Animal del Colegio de Abogados de València y protectoras con arraigo en la ciudad, que vigile las decisiones más sensibles, como las relativas a la finalización de la vida de los animales.
Compromís pide además que un veterinario funcionario asuma la responsabilidad del Plan Colonial Felino y la supervisión diaria de los datos sanitarios y de comportamiento de los animales acogidos, una tarea que los pliegos de la licitación dejan en manos de personal de mantenimiento o voluntario. Del mismo modo, reclama que el Ayuntamiento active antes de que acabe el año un contrato con las protectoras de la ciudad para servicios complementarios como la ampliación de las casas de acogida, la gestión de adopciones en el extranjero o el paseo de los animales en días festivos.
Tello recuerda que “el Ayuntamiento tenía sobre la mesa el proyecto de un nuevo centro de animales abandonados heredado del gobierno de Joan Ribó, con el anteproyecto, el proyecto y la adecuación a los nuevos requisitos de eficiencia energética prácticamente cerrados, a falta solo de sacarlo a licitación. Pero el Partido Popular lo aparcó en cuanto llegó al gobierno municipal, y ahora la ciudad paga las consecuencias de haber preferido una empresa de control de plagas a un refugio de referencia en bienestar animal que lleva años esperando”.