- Compromís per València presenta una moción para dejar sin efecto las conclusiones del estudio sesgado y reclama que la valoración la realice una de las instituciones consultivas previstas en la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano
Compromís per València defenderá mañana en la Comisión de Urbanismo una moción que pide anular las conclusiones del informe externo sobre el nivel de protección de los Docks Comerciales del Port de València, un documento que, según la coalición valencianista, presenta errores objetivos que afectan directamente a su validez.
El principal, según detalla la iniciativa que presenta la portavoz Papi Robles Galindo, es que el estudio parte del nivel de protección previsto durante la exposición pública del Plan Especial de la Marina de 2013 e ignora las modificaciones incorporadas en la aprobación definitiva de diciembre de 2014 y las posteriores modificaciones del Catálogo. Dicho de otro modo: el informe con el que el gobierno de María José Catalá pretende cerrar el debate sobre los Docks trabaja sobre un planeamiento que ya no está vigente. «Se descarta proteger uno de los edificios patrimoniales más importantes del litoral valenciano con un informe que ni siquiera identifica correctamente los niveles de protección de los edificios de la Marina», señala Papi Robles.
Un contrato menor frente a las instituciones consultivas
La moción recuerda que el artículo 7 de la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano identifica cuáles son las instituciones consultivas de referencia en materia patrimonial —el Consell Valencià de Cultura, la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos o las universidades valencianas, entre otras—, todas ellas con equipos multidisciplinares. El gobierno de Catalá, sin embargo, optó por adjudicar el encargo mediante contrato menor a un único profesional a título individual. «Cuando se trata de un edificio de este calibre, la Ley ya dice quién debe hacer la valoración. Aquí se ha elegido el camino corto, y el resultado es el que es», apunta la portavoz de la formación valencianista.
El informe concluye que el edificio «no ha sido protagonista de hecho alguno relevante» desde el punto de vista histórico y le niega cualquier valor arqueológico. Lo hace sobre un inmueble que conserva más de un centenar de impactos de metralla de los bombardeos de la Guerra Civil en sus fachadas, el mayor conjunto de vestigios materiales de aquellos hechos que queda en pie en la ciudad, y que está incluido en la Lista Roja del Patrimonio de Hispania Nostra.
Once años de degradación
Los Docks están sin uso desde 2015 y su estado de conservación no ha dejado de empeorar. La Sección Municipal de Arqueología ya consideró en 2022 que era necesario estudiar una mayor protección, el Servicio de Planeamiento informó de que resultaba lógico elevar su catalogación como Bien de Relevancia Local, el Síndic de Greuges recomendó evitar cualquier actuación que pudiera perjudicar el procedimiento y el Servicio de Patrimonio Cultural de la Generalitat indicó que era el Ayuntamiento quien debía formular la propuesta de catalogación. El gobierno de PP y Vox paralizó esos trabajos.
Junto con la anulación de las conclusiones del informe, la moción reclama una nueva valoración patrimonial encargada a una institución consultiva oficial que contemple los valores arquitectónicos, históricos, arqueológicos, industriales, etnológicos y de memoria democrática del inmueble, que tenga en cuenta los informes de los servicios técnicos municipales y que, mientras se resuelve el procedimiento, el Ayuntamiento garantice la conservación del edificio y la preservación de las marcas de metralla de las fachadas.
«Mientras el equipo de gobierno encadena declaraciones vacías sobre usos emblemáticos, a los Docks se les caen los balcones a la calle. No hace falta ningún informe para verlo: basta con pasar por delante», recuerda Papi Robles.