- Compromís denuncia que Catalá permite al portavoz de Vox, José Gosálbez, ejercer de abogado en paralelo al ejercicio de concejal con dedicación absoluta, ignorando todas las comprobaciones indicadas por el Síndic de Greuges para aclarar si lo hace con carácter «marginal» o ignorando la ley.
- Ferran Puchades: «Con una alcaldesa que nunca ha aclarado lo que cobra de la VIU, lo raro sería que exigiera limpieza a sus socios de Vox. Su respeto a la legalidad y a la ciudadanía es el mismo: ninguno».
Ante la reiterada opacidad del gobierno de María José Catalá, el Síndic de Greuges finalmente ha tirado la toalla, y la ciudadanía, a pesar de los esfuerzos de Compromís y del defensor del pueblo valenciano, por ahora seguirá sin saber si lo que parece una irregularidad y un fraude de ley lo es realmente, por la falta de cooperación del gobierno municipal de PP y Vox en el Ayuntamiento de València.
Así lo ha firmado el propio Síndic, que ha finalizado el expediente abierto como consecuencia de la queja formulada por el concejal Ferran Puchades y que tenía por objeto que el concejal Gosálbez inscribiera en la declaración de bienes y actividades el contenido del contrato que tiene firmado con el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Industrials de València, a fin de poder verificar si cumplía con las condiciones impuestas por el Pleno municipal para la compatibilidad del ejercicio con dedicación absoluta como concejal y la abogacía. Aquel acuerdo autorizaba el ejercicio marginal de la abogacía desde el punto de vista funcional, de horario y económico.
En la resolución de recomendaciones, el Síndic de Greuges acreditó que aquel contrato ni se había incorporado a la declaración de actividades presentada por el señor Gosálbez, y que conocerlo resulta fundamental para acreditar si se trata de una actividad marginal que no supone ninguna incompatibilidad con la dedicación exclusiva como concejal del gobierno. En este sentido, recomendaba al Ayuntamiento de València que se adoptaran las medidas necesarias para conocer el contrato firmado por Gosálbez con el colegio profesional.
Pero, bajo la supervisión de la alcaldesa María José Catalá, el Ayuntamiento no ha cumplido ninguna de las recomendaciones. «Con una alcaldesa que nunca ha aclarado lo que cobra de la VIU, lo raro sería que exigiera limpieza a sus socios de Vox. Su respeto a la legalidad y a la ciudadanía es el mismo: ninguno», ha resumido Puchades, después de que ayer mismo el Síndic de Greuges dictara la resolución final confirmando que el Ayuntamiento no ha realizado ninguna actuación para dar cumplimiento a sus recomendaciones, sin dejar de señalar que las condiciones impuestas en la declaración de compatibilidad deben cumplirse en todo momento, que no se puede ignorar esta obligación y que deben adoptarse las medidas necesarias para comprobar que estas condiciones se cumplen en todo momento.
Para el concejal valencianista Ferran Puchades, «esta es una nueva muestra de cómo los representantes de la ultraderecha han venido a las instituciones a crear enfrentamientos y crispación y a aprovecharse personalmente de los recursos de todos. Resulta increíble que el mismo día que el Pleno aprobara la dedicación exclusiva de Gosálbez como concejal, aprobara también su compatibilidad con el ejercicio de la abogacía. En su momento votamos a favor y denunciamos esta situación de asalto a la institución.»
Para Puchades, «que Gosálbez firmara un contrato de asesoramiento con un colegio profesional ya fue una burla a la ciudadanía, con la connivencia de Catalá, quien nunca ha puesto ninguna objeción a las actuaciones sectarias de Gosálbez. Un contrato estable y permanente demuestra que su actividad como abogado no tiene carácter marginal, como le impuso el Pleno en su acuerdo, sino que denota una actividad continua de relación con unos clientes que tampoco ha dado a conocer y que pueden también comprometer su situación como concejal.»
En este sentido, Puchades ha recordado que en aquel contrato de asesoramiento se supo que Gosálbez incluía entre sus funciones un especial conocimiento del ámbito urbanístico que podría generar posibles conflictos de intereses o información privilegiada, en tanto que es miembro de la Comisión municipal de Urbanismo del Ayuntamiento.
Para Puchades, «la única responsable de esta situación de oscurantismo y de falta de información sobre las actividades privadas de Gosálbez, que pueden comprometer al propio Ayuntamiento, es Catalá, quien ni ha tomado las medidas necesarias para poner freno a esta impunidad ni ha puesto ningún límite a las actuaciones personales del concejal de su gobierno, que burla a la oposición, al Síndic de Greuges y a la ciudadanía mientras se embolsa dinero ganado a costa de sus obligaciones como concejal.»