- «La Junta de Gobierno Local de hoy certifica la nefasta gestión del gobierno de Catalá con la empresa pública. Con menos dinero, el servicio a la ciudadanía será aún peor», lamenta el concejal Giuseppe Grezzi
El Ayuntamiento de València ha celebrado hoy una Junta de Gobierno Local de carácter extraordinario —una circunstancia inusual que no se ha explicado públicamente— para aprobar dos expedientes que, sumados, confirman el estado crítico de las finanzas de la EMT, ya que se reconoce que la deuda de la empresa pública de transportes puede superar ya los 44,1 millones de euros «por la nefasta gestión del gobierno de Catalá», advierte el concejal de Compromís, Giuseppe Grezzi.
Por un lado, la inusual Junta de Gobierno aprueba el reintegro de 1,52 millones de euros al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, fondos europeos no ejecutados a raíz del fracaso de la aplicación de movilidad del proyecto «Ciudades Conectadas». La llamada ‘app fantasma’ ha supuesto también un agujero de 9 millones para la EMT, que ahora reclama por vía judicial a Indra —la empresa que debía desarrollarla—. Una gestión encomendada a dedo a un bufete de abogados que podría llegar a costar 800.000 euros. Por otro, la conformidad municipal al acuerdo del Consejo de Administración de la Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV) del 3 de septiembre, el mismo que Compromís per València ha anunciado que llevará a los tribunales por falta de informes de Intervención y de Tesorería. Un acuerdo en el que la EMT renuncia a 33 millones de euros.
Ninguno de los dos puntos lleva asociada una explicación de urgencia en el orden del día, lo que alimenta las dudas de Compromís sobre por qué el gobierno de Catalá ha decidido cerrarlos este mismo día y fuera del calendario ordinario. Para Giuseppe Grezzi, la respuesta es sencilla: «La Junta de Gobierno Local de hoy certifica la nefasta gestión del gobierno de Catalá con la empresa pública. Con menos dinero, el servicio a la ciudadanía será aún peor.» El concejal de Compromís per València recuerda que la degradación del servicio ya es medible: autobuses cada vez más lentos, más llenos y un servicio totalmente insuficiente.
Un contrato de 11,6 millones que nunca funcionó
El agujero de la app fantasma nace cuando la EMT adjudicó a Indra Sistemas, por 11,6 millones de euros, el desarrollo de la plataforma digital común de movilidad entre València y otras cinco ciudades. El programa tenía una subvención total de 24,93 millones, de los cuales 12,70 correspondían a la EMT de València. Aunque la empresa pública llegó a pagar a Indra 8,41 millones de euros, las auditorías certificaron que el software tenía un margen de error del 25% y nunca se puso en marcha. Con Catalá, la EMT congeló 1,5 millones previstos para licencias, impuso a Indra una penalización de 1,01 millones y ejecutó el aval bancario de la compañía por 505.000 euros. Son esos 1,5 millones congelados los que hoy se reintegran al Ministerio. Paralelamente, el Ayuntamiento reclama por vía judicial los 9 millones pagados a Indra, una batalla que ya cuesta 440.000 euros en honorarios —adjudicados sin concurso público— y que podría subir hasta los 800.000 si el procedimiento se alarga. Además, Grezzi explica que se le concedió a la empresa «el doble de tiempo para acabar los trabajos y ni así el gobierno de Catalá fue capaz de hacer cumplir el contrato. Y ahora, con este acuerdo de la Junta de Gobierno, tienen que reconocer que en 36 meses solo se había realizado una cuarta parte del encargo, certificando el fracaso absoluto de su gestión.»
El acuerdo que Compromís ya ha anunciado que impugnará
El otro punto de la Junta extraordinaria da conformidad municipal al acuerdo tarifario entre la ATMV y la EMT que Grezzi anunció ayer mismo que llevará a los tribunales. Según denuncia el concejal, el acuerdo se aprobó en el Consejo de Administración de la EMT sin ningún informe de Intervención ni de Tesorería que justificara su impacto económico, a pesar de que puede hacer perder a la entidad municipal de transporte hasta 33 millones de euros. La cantidad corresponde a 26 millones reconocidos en el documento y otros 7 millones si se aplica el mismo criterio para la deuda que se seguía generando. «No consentiremos que se aprueben unos acuerdos que obligan al vecindario de València a asumir el pago de una deuda que no ha generado», ha manifestado Grezzi, que advierte al presidente de la EMT, Jesús Carbonell, y a la mayoría de PP y Vox de que, si se empeñan en aprobar el acuerdo sin ninguna valoración de los impactos sobre las cuentas de la empresa pública y sobre las cuentas municipales, puede suponer fraude de ley, y que la formación valencianista emprenderá las acciones legales necesarias para preservar la legalidad y la viabilidad de la EMT.
Entre la deuda con la Generalitat, los millones perdidos y reclamados a Indra, y la factura ya cerrada con Europa, la exposición financiera de la EMT se acerca a los 44,1 millones de euros, una cifra que combina deuda todavía no liquidada del todo, dinero pagado que se intenta recuperar por vía judicial y una devolución ya definitiva. Compromís per València sostiene que, sea como sea que acaben de repartirse estas cantidades, quien las paga es siempre el mismo: el presupuesto municipal y, con él, el servicio que recibe cada día el vecindario que utiliza el autobús.