- Compromís señala una vez más el agujero generado por la gestión del gobierno de María José Catalá en la Empresa Municipal de Transporte en tan solo tres años, que confirma la necesidad del gobierno de PP y Vox de contratar una nueva póliza de crédito por valor de 40 millones de euros apenas unos meses después de aprobar la anterior.
- Giuseppe Grezzi: «Si este desajuste económico se debiera a una fuerte inversión en un mejor servicio sería admisible, pero que coincida con la degradación absoluta del servicio que denuncian los vecinos evidencia la incapacidad para gestionar la EMT de Catalá y los suyos».
El Consejo de Administración de la EMT aprueba hoy, con los votos de PP y Vox y el rechazo de Compromís por València, la contratación de una nueva póliza de crédito de hasta 40 millones de euros, la segunda en menos de un año. Para la formación valencianista, la operación no es un trámite más, sino la confirmación de la delicada situación financiera en la que la gestión del gobierno de María José Catalá ha ido sumiendo a la empresa municipal de transportes en apenas tres años.
Quien hace la valoración es Giuseppe Grezzi, concejal de la coalición valencianista y extitular del área de Movilidad Sostenible durante las dos pasadas legislaturas, que relaciona directamente el recurso al crédito con el deterioro del servicio. Para el edil, «si este desajuste económico se debiera a una fuerte inversión en un mejor servicio sería admisible, pero que coincida con la degradación absoluta del servicio que denuncian los vecinos evidencia la incapacidad para gestionar la EMT de Catalá y los suyos».
Una garantía que expone a la Tesorería municipal
El voto en contra del primer partido de la oposición tiene que ver, además, con la letra pequeña de la operación. Las entidades financieras exigen que el Ayuntamiento de València emita una comfort letter, un documento de garantía por el que, si la EMT no fuera capaz de devolver el dinero a los bancos, sería la Tesorería municipal quien acabara respondiendo. Grezzi advierte de que «la exposición financiera de la empresa va en aumento, exponiendo también las cuentas municipales», precisamente porque el consistorio «tiene que emitir una ‘comfort letter’, es decir, un documento de garantía por el que, si la EMT no fuera capaz de devolver el dinero a los bancos, será la Tesorería municipal quien se haga cargo».
Es en ese punto donde Compromís por València sitúa un riesgo añadido: el de que la mala gestión de la empresa municipal deje de ser un problema circunscrito a la EMT y termine contagiando directamente a las arcas del Ayuntamiento, comprometiendo la financiación de otros servicios que la ciudad está obligada a prestar.
Un agujero que puede llegar a los 100 millones
En el plano económico, la coalición valencianista describe una situación mucho más profunda que un problema puntual de liquidez. Habla de una deuda cercana a los 50 millones de euros que crece a razón de 1,6 millones cada mes por el conflicto con la ATMV sobre el reparto de los títulos conjuntos, a la que suma las pérdidas derivadas de la falta de aprobación de la Zona de Bajas Emisiones —que podrían superar los 20 millones solo en 2025— y el riesgo asociado al proyecto europeo «Ciudades Conectadas», que según Compromís puede costar hasta 24 millones entre la inversión comprometida y las penalizaciones por no ejecutarlo. Sumadas todas esas partidas, la formación valencianista dibuja una exposición que podría alcanzar los 100 millones, en una empresa que depende hasta en un 70 % de las aportaciones públicas.
La nueva línea, que la propuesta de adjudicación reparte entre Caixa Popular, Ibercaja, BBVA y Bankinter, llega poco menos de un año después de que el mismo Consejo aprobara, en julio de 2025, una primera póliza también de 40 millones para cubrir las «tensiones de tesorería» y garantizar pagos tan básicos como las nóminas o el gasóleo de los autobuses. No es la primera vez que la coalición valencianista enciende esta alarma: ya entonces advirtió de un escenario que, lejos de corregirse, no ha hecho más que agravarse.
Y PP y Vox siguen cavando
Por si esto no fuera poco, en el mismo consejo PP y Vox aprobarán la contratación de un bufet de abogados, Andersen Tax &legal Iberia SLP, por valor de 440.000 €, para tratar de evitar el primer coste inicial de 9 millones de euros derivados del abandono unilateral por parte del bipartito ultra del citado proyecto de ‘Ciudades Conectadas’. “No es solo que, PP y Vox, por no hacer su trabajo, generen un costo millonario de dinero público que debería destinarse a un mejor servicio de la EMT, sino que después de generarlo, aún deciden gastarse casi medio millón de euros en contratar a un bufete para ver si puede evitar las consecuencias de su negligencia” apunta Grezzi. “Esto solo garantiza que su dejadez ya ha costado medio millón de euros y no garantiza que a esos no se les sumen los nueve que pretenden evitar pagar. El agujero en las cuentas de la EMT es cada vez más grande, y PP y Vox se dedican a seguir cavando mientras Catalá dirige la operación”, resume.
Grezzi considera la situación «extremadamente grave»: una empresa pública esencial para la movilidad de la ciudad obligada a endeudarse por segunda vez en apenas un año para poder seguir funcionando, con el aval de una Tesorería municipal que podría acabar pagando la factura mientras el servicio que reciben cada día los vecinos de València no deja de empeorar.