• La formación valencianista pide que el gobierno de PP y Vox haga públicas las medidas (sanciones, detenciones, etc.) que adoptó la semana pasada la Policía Local tras el asalto a la propiedad privada de la comunidad de vecinos de la calle Encarna Albarracín para destruir el inmueble y facilitar la construcción de alojamientos turísticos.
  • Ferran Puchades: “Catalá presume de haber creado un arquitectura legal para impedir la proliferación de alojamientos turísticos, pero todo apunta a que en realidad no toma medida alguna contra la especulación, ni siquiera cuando se inician al asalto”.

Una semana y media después de que los vecinos del número 6 de la calle Encarna Albarracín denunciaran que un grupo de personas habían saltado la valla de su comunidad para acceder a las zonas comunes para destruir unos muros y facilitar la construcción de alojamientos turísticos, el Ayuntamiento que dirige María José Catalá aún no ha hecho públicas las detenciones, sanciones y resto de acciones realizadas por el consistorio para frenar a los responsables.

Así lo recuerdan desde el grupo municipal de Compromís por València, haciéndose eco de la preocupación por la pasividad del gobierno municipal de los vecinos de la comunidad, con los que se reunieron esta misma semana los concejales Ferran Puchades y Pere Fuset. “Los vecinos están indignados y estupefactos, no solo porque sintieron que la policía no hizo nada cuando denunciaron que esta gente accedió al inmueble saltándose la valla del recinto para después empezar a destruirlo, sino que transcurrida una semana larga desde entonces no han recibido ninguna notificación de las acciones realizadas por el gobierno de PP y Vox, mientras las obras siguen adelante”, señala Puchades.

Para la formación valencianista, la primera acción que debería haberse realizado de manera inmediata es la paralización cautelar de las obras. “Ante una situación como esta, difícilmente reversible, los agentes a las órdenes de Catalá no deberían limitarse a tomar nota y dejar seguir, y el gobierno municipal, a lo mismo. Debería frenarse de inmediato hasta haber revisado que todo está en regla”, apunta Puchades. 

Pero, añade, “en casos como este, con flagrantes irregularidades como apuntan los vecinos, con operarios invadiendo el espacio privado, las sanciones y medidas deberían ser más firmes, de cara a reforzar la seguridad de los vecinos: los operarios, obreros, capataces de obra, etc. deberían pensárselo dos veces antes de emprender una acción posiblemente ilegal porque podría tener repercusiones sobre sus personas. En cambio, nada de eso parece estar sucediendo en València, donde se están multiplicando estas operaciones de acoso y derribo a los vecinos por parte de los especuladores inmobiliarios en los últimos meses”.

Por eso, concluyen desde Compromís, “la paralización de las obras ha de ser inmediata” pero el resto de acciones que PP y Vox no están realizando, también. “Catalá presume de haber creado un arquitectura legal para impedir la proliferación de alojamientos turísticos, pero todo apunta a que en realidad no toma medida alguna contra la especulación, ni siquiera cuando se inician al asalto”, lamenta el concejal valencianista.