Giuseppe Grezzi presenta al Pleno del Ayuntamiento de Valencia una moción que tiene por objetivo conseguir una ley estatal de financiación del transporte público. Se trata de una iniciativa que también llevan adelante ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Cádiz y La Coruña, entre otros.
Así, la moción propone “reclamar a la Administración central una mayor implicación en la financiación del transporte urbano colectivo”. Por ello, Grezzi considera “urgente” iniciar la redacción y tramitación de una ley de financiación de transporte público que incluya la participación de todos los niveles de gobierno, “en coherencia con las recomendaciones de la Unión Europea”.
Y es que, España es el único gran país europeo que no cuenta con una ley estatal de financiación de transporte público. La única referencia en este sentido queda recogida en la ley reguladora de bases de régimen local que, desde el año 1985, determina que los municipios con más de 50.000 habitantes deben prestar un servicio de transporte colectivo. En la disposición adicional decimoquinta invita a que los presupuestos generales del Estado incluyan crédito a favor de las entidades locales para este propósito.
No obstante, según ha explicado el concejal de Movilidad Sostenible, “en los últimos años hemos asistido a serios recortes en la aportación que el Estado realiza a los ayuntamientos para subvencionar la prestación de los sistemas de transporte público. En el caso de Valencia, la situación clama al cielo: desde el año 2002 no recibimos ninguna subvención a nuestro transporte público metropolitano por parte del Estado. Esto ha supuesto que hemos dejado de ingresar unos 400 millones de euros que podrían haber financiado la mejora del servicio que presta, por ejemplo, la EMT”.
Por ello, Grezzi ha destacado que “es fundamental que se establezcan unos criterios objetivos en base a la población de las ciudades y de sus áreas metropolitanas para establecer la financiación necesaria por parte del Gobierno central en el transporte metropolitano de las grandes urbes, ya que hasta ahora responde a criterios discrecionales basados en el favoritismo hacia unos territorios en concreto”.
“Una EMT –y en general un transporte público metropolitano– bien financiada significa una movilidad urbana más eficiente y un mayor y mejor desarrollo económico en la ciudad. Pero no solo eso, porque el transporte público es garante de la equidad social, pues es el único medio que garantiza el derecho a desplazarse libremente y en igualdad de condiciones, independientemente de las circunstancias del usuario”, ha asegurado Grezzi.